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Corregir la Ley Electoral para asegurar la pureza del voto

La evaluación legislativa que tendrá lugar en dos semanas sobre los nombramientos presentados por el gobernador Pedro Pierluisi para dirigir la Comisión Estatal de Elecciones es el desafío más inmediato que enfrenta la democracia electoral en Puerto Rico. Requiere el mayor nivel de rigurosidad y consenso enfocado en la protección de la misión sufragista.

La CEE es custodia del derecho al voto sobre el que se sostiene la democracia en la isla. Como tal, desde su alto liderato, debe ser justa con las distintas vertientes políticas, además de eficiente y comprometida con la más celosa protección de cada voto.

El pueblo ha expresado en las urnas, sobre todo en los pasados comicios generales, su voluntad de que quienes le representen tengan la capacidad de honrar la esencia democrática, con análisis y deliberación profundos para alcanzar acuerdos beneficiosos para el país.

El nuevo Código Electoral dispone como primera instancia que la presidencia la determinen los comisionados electorales de una lista provista por el gobernador. No obstante, los comisionados no alcanzaron esa meta.

Como próximo paso, la legislatura deberá evaluar ahora las nominaciones de dos jueces presentados por el gobernador. Uno de los nominados estuvo en la lista rechazada por los comisionados electorales.

Si este proceso no prosperara, la ley dispone que el tercer escenario para dilucidar tan importante asunto sería el Tribunal Supremo. Convendría mantener al alto foro judicial lejos de decidir el liderato de un organismo sobre el cual tenga que pasar juicio luego. Estos potenciales escenarios de que el Supremo termine siendo juez y parte fueron advertidos a la saciedad previo a la imposición del estatuto en pleno año electoral.

A corto plazo, la Asamblea Legislativa y La Fortaleza tienen ante sí la importante tarea de proporcionarle a Puerto Rico una figura presidencial en la CEE que esté a la altura de la responsabilidad del cargo. Quien presida la CEE debe ser juez o jueza, en la aspiración de que tenga temple judicial y preferiblemente experiencia probada en dilucidar casos en estricto apego a la doctrina del Derecho.

Como prioridad, el nuevo liderato de la CEE deberá atender una serie de retos estructurales que replican los descalabros del funcionamiento gubernamental. Tan reciente como en mayo, el presidente saliente, Francisco Rosado Colomer, presentó una radiografía del estado de anarquía en que encontró los trabajos del organismo al ocupar el cargo en 2020. Entre las deficiencias se mencionaron la falta de supervisión, métricas, ejecución y planes de trabajo en una institución con 663 empleados que absorbe $20 millones de fondos de los contribuyentes al año.

La propia Oficina del Inspector General señaló el año pasado la urgencia de establecer mayores controles e inventario, y de capacitar al personal de la CEE, al señalar deficiencias. Estas incluyen desorganización en el manejo de las papeletas de voto adelantado, diferencias entre los balances de inventario de papeletas sobrantes en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, y discrepancias en las órdenes de compra de papeletas y las papeletas recibidas.

El proceso de evaluación de candidatos debe ser tan sosegado como abierto para que sirva de antesala a la tan necesitada revisión de la nueva Ley Electoral. El objetivo debe ser liberar el estatuto de las deficiencias que ponen en riesgo la pureza del sistema sufragista.

Corresponde a la Asamblea Legislativa emprender la tarea pendiente de revisar exhaustivamente la Ley Electoral aprobada de forma atropellada. Debe evitarse que se repitan las serias deficiencias de las primarias de agosto de 2020 y las elecciones de noviembre. El referido estatuto, contrario al espíritu democrático que debe regir el marco regulador del proceso electoral, ha arrebatado el poder compartido a los partidos de minoría, dejando en manos del partido de gobierno el control decisional.

Puerto Rico merece y necesita un sistema de votación representativo, balanceado e incólume, que devuelva al electorado la confianza en la legitimidad de cada sufragio.

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