Crear empleos es posible con un gobierno facilitador
Las inquietudes de sectores empresariales sobre las complicaciones que el nuevo reglamento de permisos representaría para la operación de negocios en Puerto Rico deben mover al gobierno a asumir con asertividad el reto de transformar sus estructuras para crear el clima de negocios óptimo.
La revisión de procesos que por décadas han representado obstáculos para pequeñas, medianas y grandes empresas tiene que estar enmarcada en la visión de una organización pública ágil, centrada en su papel de facilitador.
La orden administrativa anunciada este lunes por la gobernadora para emitir 800 permisos únicos condicionados a vigencia de seis meses representa una medida temporal beneficiosa para empresas. Este paso pertinente plasma, al mismo tiempo, la existencia de posibles escollos en la implantación del nuevo reglamento por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, cuyo directivo reconoció un atraso en la emisión de 2,040 permisos.
Ante la admisión de un embudo burocrático gubernamental, conviene ponderar como solución enmendar la Ley 19 de 2017. Importantes sectores empresariales consideran que este estatuto no ha logrado el objetivo de facilitar la creación ni la operación de negocios.
Los reglamentos amparados en exigencias complejas y en vigencia corta no necesariamente abonan a esta meta. Por ello, urge ponderar si los atrasos reportados están vinculados a trámites o requisitos adicionales contraproducentes.
Entre las reconsideraciones solicitadas por el sector empresarial figuran disposiciones aplicables a la operación de centros de cuido de ancianos, a los que se les exige ahora la instalación de rociadores de agua de activación automática en caso de incendio. Este sector ha cuestionado los nuevos requisitos porque los centros tienen detectores de humo y extintores. Es preciso que la solución a toda divergencia persiga el interés público mayor, en el marco de la razonabilidad y la legalidad.
Otro sector que ha planteado inquietud por determinadas modificaciones del reglamento de permisos son los negocios de servicio automotriz como gasolineras y centros de inspecciones de vehículos, que ahora necesitan una autorización especial para la venta de marbetes. La nueva disposición es percibida como un freno a la diversificación comercial que beneficia tanto a consumidores como a comerciantes.
Es meritorio que el gobierno atienda las diversas inquietudes relacionadas con la permisología, como las expresadas recientemente por el Centro Unido de Detallistas y otras entidades que representan a los comerciantes, en beneficio de los ciudadanos y de la actividad empresarial.
Los cambios aprobados o bajo consideración en el área de permisos deben analizarse a la luz de metas que estimulen la creación de negocios y su diversificación en una economía en constricción. Las regulaciones del gobierno, además, deben descartar espirales procesales complejas que implican trámites engorrosos, y requisitos onerosos y difíciles de cumplir.
Entre los ajustes sería válido definir también cuán conveniente será el rol de intermediarios privados u otros aspectos que podrían suponer mayor burocracia para la operación legal de negocios en el país.
Los sistemas facilitadores de avanzada se caracterizan por proveer mayor acceso a servicios y productos para la población en general. Por ello, debe revisarse si los ajustes a la ley o el reglamento promueven el establecimiento y la expansión de negocios diversos por todo el país, sin concentraciones únicas en áreas de alta densidad poblacional que limiten servicios en regiones o pueblos distantes de las ciudades.
Las regulaciones de las empresas son claramente necesarias. Llevadas a cabo de forma adecuada, ayudan a reducir el desempleo y, por ende, a impulsar el desarrollo de la economía.
En tal sentido, un funcionamiento ágil de la estructura gubernamental diseñada para asistir a los negocios es componente esencial de la serie de reformas imprescindibles para el equilibrio fiscal y el recabo de la inversión impulsadora del desarrollo económico y social de Puerto Rico.
