La violenta represión ejercida contra los inmigrantes en Estados Unidos, un país que se ha autoproclamado defensor de los derechos humanos y la libertad, consterna al mundo. La reciente acción militar ante las manifestaciones en Los Ángeles, California, donde miles de ciudadanos han alzado su voz para exigir un trato digno, es un lamentable registro del atropello a derechos fundamentales que, más que nunca, deben ser protegidos tras la insensatez del gobierno de Donald Trump.

La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a la libre expresión, permitiendo a los ciudadanos manifestarse y protestar pacíficamente. El uso de militares, convocados a pesar de que esa tarea corresponde a las fuerzas policiales locales, para dispersar a manifestantes que claman por justicia y dignidad, es un acto de represión que exacerba el malestar ante reclamos legítimos. Estas incursiones de personal entrenado para la guerra infringen derechos civiles y abonan a la desconfianza en instituciones fundamentales para la democracia.

La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos y Puerto Rico procuran registrar su estatus legal migratorio y se insertan en la fuerza laboral en tareas esenciales como la construcción y servicios, incluido el cuidado de niños, ancianos, trabajos domésticos y otras áreas vitales para la economía. Históricamente, han sido parte importante de nuestra comunidad, que los ha abrazado en agradecimiento a su noble contribución al desarrollo social y económico de nuestra isla.

Por eso ha habido una comprensible y profunda molestia por las redadas en las que se ha detenido injustamente a inmigrantes y, erróneamente, a puertorriqueños y a otros ciudadanos estadounidenses. Además, se ha intervenido con trabajadores en trámites legítimos con las autoridades para regularizar su estatus migratorio, como el caso de una mujer en Cabo Rojo.

Uno de los episodios más polémicos y dolorosos ha sido el suministro inmediato a autoridades federales de los registros de licencias de conducir otorgadas a inmigrantes. Sin embargo, valoramos la reciente determinación del gobierno de no entregar esos documentos sin mediar una orden judicial. Encaminar en los tribunales mociones centradas en la protección de los derechos humanos de este sector poblacional permitiría que ciudadanos sin estatus migratorio puedan desarrollar planes legales de contingencia para proteger, por ejemplo, a hijos menores en casos de detenciones.

Cada inmigrante es una historia de esperanza, esfuerzo y sacrificio. Muchos han dejado su patria para contribuir a la economía de un país que se beneficia enormemente de su trabajo en sectores esenciales. Negarles el debido proceso y tratarlos como parias es un acto de injusticia que no puede ser aceptado.

Escenas de niños llorando, al ver que son separados de sus padres por oficiales armados, son evidencias del impacto devastador que estas políticas tienen en las familias. No se puede negar que hay personas que han usado malamente su permanencia ilegal en territorio americano para delinquir, pero no pueden pagar justos por pecadores.

Hasta la primera semana de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había aprehendido a 51,000 personas, según registra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Este incremento no se limita solo a quienes han cometido delitos; muchos de los detenidos son ciudadanos que están en busca de un estatus migratorio legal o que simplemente intentan vivir en paz.

Es imperativo que se implementen políticas que respeten el debido proceso y reconozcan la dignidad de cada individuo. La justicia social debe ser la guía en la aplicación de la ley, permitiendo a los inmigrantes seguir aportando al desarrollo económico y cultural de Estados Unidos. La diversidad es la fortaleza de esta nación, y es hora de que se reconozca y se defienda el derecho de todos a vivir en paz y con dignidad.

No podemos permanecer en silencio mientras se vulneran los derechos de nuestros semejantes. Es momento de exigir un cambio y trabajar juntos por un futuro donde la justicia y la dignidad sean igual para todos, sin excepción.