Los resultados de un estudio en el que se encontró que el 50% de los puertorriqueños no tiene siquiera $1,000 para resguardo reflejan la necesidad de fomentar una cultura de ahorro, como parte de las estrategias individuales y colectivas para estimular la economía y alcanzar sosiego social en Puerto Rico.

La investigación confirma que, a raíz de la pandemia del COVID-19, las finanzas personales de gran parte de nuestra población están en un estado altamente precario. El empobrecimiento de un segmento poblacional significativo se intensificó tras los golpes ciclónicos de 2017 y desastres posteriores.

Factores como el endeudamiento, la inflación, el manejo inadecuado de las finanzas, y nulas o limitadas prácticas de ahorro, empujan a la incertidumbre económica a miles de personas, a pesar de las ayudas gubernamentales para mitigar, a un nivel inmediato, el desempleo y otorgar sustento básico a más familias.

Los hallazgos de la Academia Claridad Financiera, a base de una muestra de 450 personas mayores de 18 años, residentes en 56 de los 78 municipios, apunta a una peligrosidad de insolvencia para muchas familias, en coyunturas de costosas emergencias de salud u otro tipo.

De acuerdo con el estudio, el 95% de los encuestados reportó que tiene múltiples deudas y otro segmento reconoció la utilización frecuente de tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades. Estos datos ilustran la necesidad de promover en la isla una cultura de ahorro que sirva de fundamento y estabilidad para las familias y personas que viven solas.

La ausencia de ahorros impide acceder a programas financieros que exigen al solicitante un historial de crédito saludable a cambio de conceder productos diseñados para edificar capital, como los hipotecarios. La falta de reservas expone más fácilmente a la quiebra a personas que han perdido el empleo o enfrentan otros problemas.

Aparte de la bancarrota fiscal del país, miles de individuos y empresas han tenido que recurrir a la ley de quiebra, aspirando a una recuperación económica que pudiera tomar años. En los primeros 10 meses de 2021, se registraron 3,291 quiebras, de acuerdo con estadísticas del Boletín de Puerto Rico. Se presume que muchas se derivan del estancamiento económico asociado a la pandemia. En el registro más reciente predominan restaurantes, cafeterías y otros negocios de comestibles, además de empresas agrícolas. En cuanto a individuos, bajo el capítulo 13 de la ley de quiebra que provee para la reestructuración de obligaciones, solo en octubre pasado se registraron 1,904 casos.

Ante este panorama, es crucial que el gobierno y las instituciones del sector privado en Puerto Rico delineen y pongan en vigor estrategias diversas para promover el ahorro. Es importante alcanzar un equilibrio saludable entre el consumo y el gasto. Desde luego, también son cruciales las iniciativas para fomentar la creación de empleos duraderos, la ruta más sostenible para revitalizar las finanzas de los individuos.

En esa encomienda, la educación será determinante desde los grados primarios. Por su parte, las universidades y los institutos pueden aportar con cursos dirigidos a la población adulta con talleres en línea o presenciales, coordinados, por ejemplo, con los gobiernos municipales.

Mientras tanto, las instituciones bancarias y financieras tienen la oportunidad de fomentar entre sus clientes los beneficios del ahorro. Los asesores financieros en bancos y cooperativas pueden ayudar a los ciudadanos a organizar el pago de sus deudas y orientar sobre la importancia de su riguroso cumplimiento, antes de que este se produzca.

El ahorro como parte vital del estilo de vida es la gran protección contra la incertidumbre financiera que puede impactar severamente a los hogares. Las prácticas financieras saludables, entre las cuales las reservas son determinantes, conducen a la prosperidad y tranquilidad personal, familiar y colectiva.