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El Código Penal tiene que trascender el vaivén político

La propuesta de modificar el Código Penal enmendado en el cuatrienio pasado, más allá de los argumentos a favor o en contra de los cambios recomendados, recurrirá en el estéril patrón de aplicar una visión cortoplacista a la solución de problemas de país, si no procura acuerdos multisectoriales respaldados con evidencia experta, que provean herramientas sostenibles para la convivencia social.

Propone el gobernador Ricardo Rosselló nueve enmiendas que aumentan las penas o restituyen delitos, para lo que aduce un llamado de la sociedad a garantizar la seguridad del pueblo y combatir el crimen.

En ese llamado coinciden los más diversos sectores. Justo por eso, ese llamado debe ser punto de partida hacia acciones concertadas que produzcan un Código que trascienda el vaivén de los cuatrienios. Y dichas acciones, como han reiterado estudios y expertos, deben ser dirigidas, sobre todo, a construir una cultura de paz.

Las medidas propuestas, sin embargo, se inclinan más a endurecer o crear nuevas penas.

Cinco de ellas buscan aumentar el castigo en casos de apropiación ilegal de fondos públicos, aumentar el periodo de consideración de delitos previos en casos de reincidencia, convertir el escalamiento en delito grave, ampliar las instancias de aplicación del delito de incendio y el de intervención con testigos. Sobre estas cinco enmiendas, está documentado que la mano dura no disuade la delincuencia. Deberá el gobierno mostrar evidencia de que las enmiendas que propone benefician a la sociedad.

Las otras cuatro propuestas se refieren a acciones que se dan más bien en el marco de manifestaciones públicas, en las que existe una frontera delicada entre la libertad de expresión y otros derechos también importantes para la ciudadanía.

Deberá prevalecer aquí el justo balance que asegure ese derecho fundamental en las democracias mientras se garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir servicios y, del país a mantener el ritmo de su actividad económica. Crear o fortalecer las vías de mediación y de participación, por ejemplo, han demostrado ser mecanismos más efectivos para lidiar con estos conflictos.

El Código Penal es una herramienta importante en los esfuerzos de preservar el orden social pero no existe en un vacío. Su fortaleza no puede basarse en la severidad del castigo de conductas antisociales que el hábito cortoplacista y acomodaticio de los políticos ha sido incapaz de prevenir.

Arreciar las penas sin poner en vigor estrategias sólidas para erradicar las semillas de las que germina la conducta delictiva, es incurrir en los errores que mantienen a la ciudadanía en una especie de estado de sitio.

En el desarrollo humano del individuo desde la educación temprana, viabilizar oportunidades reales de crecimiento a las generaciones jóvenes y atacar las distintas manifestaciones de la pobreza y la desigualdad, están las claves de la prevención de muchos de los males que atacan la paz.

Esa mirada integral como solución al estado de inseguridad en que vivimos es lo que no alcanzan a articular las administraciones de gobierno, al implantar mecanismos de mano dura que lo que entregan al pueblo son espejismos de seguridad.

El Código Penal necesita estabilidad para que la sociedad sepa si cumple su propósito. El continuo manoseo partidista derrota ese fin. Lo que el país verdaderamente necesita es una estrategia concertada que procure la seguridad de la ciudadanía porque asegura su bienestar, mejora su calidad de vida y fomenta su sana convivencia.