La indiferencia es, quizá, la forma más cruel de maltrato hacia nuestros adultos mayores. Y el silencio que la acompaña suele ser su cómplice más leal. Esta vez, una reciente noticia dura e incómoda rompió esa quietud y nos obligó a mirar de frente una realidad que preferimos no ver: la mayoría de los abusos contra personas de edad avanzada no ocurre en instituciones, sino en los espacios que deberían protegerlas —la casa, el vecindario, el entorno íntimo donde la fragilidad pide afecto, no violencia.
La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) registró un aumento alarmante de querellas durante el año fiscal 2023-2024: 8,138 en total. Más de la mitad —4,515— se originaron en hogares o ambientes familiares; 3,623 provienen de hogares de cuido prolongado.
Detrás de estos números hay historias de negligencia, abuso psicológico, agresiones físicas y sexuales, y un fenómeno creciente: la explotación financiera. Es un patrón que adopta muchas máscaras —“préstamos” obligados, transferencias impuestas, compras digitales hechas por terceros, suplantación de identidad o la administración autoritaria del dinero “para ayudar”— que termina despojando al adulto mayor de su autonomía y de sus recursos.
El maltrato físico también adopta formas que resulta difícil leer sin indignación: inmovilizaciones injustificadas, interrupción de medicamentos, falta de alimentos o la simple decisión de dejar de atender necesidades esenciales. El perfil de delitos expuesto por la OPPEA dibuja un mapa de riesgo nítido que el país ya no puede ignorar.
Todo esto ocurre mientras el reloj demográfico avanza sin pausa. Puerto Rico comparte, junto con Mónaco y Japón, el primer lugar mundial en proporción de población de 60 años o más (31.05 %). Somos la isla caribeña con mayor porcentaje de adultos mayores (31 %) y la tercera con mayor expectativa de vida (81.9 años). Las proyecciones son contundentes: en 2030 seremos 35 %; en 2040, 38.1 %; en 2050, 39.8 %; y para 2060 casi la mitad de la población tendrá más de 60 años.
A ese cambio se suma un dato doloroso: el 39 % de los adultos mayores vive bajo el nivel de pobreza. Municipios como Guánica, Adjuntas y Ciales concentran algunos de los escenarios más severos. Otros, como Hormigueros (35.5 %), San Germán (32.9 %) y nuevamente Guánica (32.7 %), tienen alta densidad de población envejecida, lo que podría ser un reto… pero también una oportunidad para diseñar allí programas piloto que cambien el modo en que atendemos la vejez.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de la Salud y la Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030) trazan rutas claras: crear entornos que sean verdaderamente edad-amigables, fortalecer la atención primaria con una mirada integral —centrada en la persona, no en la enfermedad—, garantizar cuidados de larga duración dignos y medir resultados de forma constante.
No se trata de ejercicios teóricos. Ciudades en todo el mundo ya han puesto en marcha estas políticas con buenos resultados: detección temprana de maltrato, mejor nutrición, alivio para cuidadores y mayor estabilidad emocional para los mayores.
La empresa privada también tiene un rol clave. El sistema financiero necesita protocolos más rigurosos para prevenir fraudes: alertas ante transacciones inusuales, contactos de confianza, procesos de verificación más estrictos y pausas obligatorias antes de autorizar movimientos dudosos.
Los municipios, por su parte, tienen frente a sí un mandato urgente: equipos multidisciplinarios, canales de denuncia accesibles, respuestas rápidas y un sistema de atención primaria capaz de identificar señales de abuso, depresión o aislamiento.
El entorno urbano tampoco puede quedar atrás: necesitamos barrios más accesibles, viviendas adaptables, ventanillas únicas que funcionen y una alfabetización digital realista, pensada para quienes hoy quedan fuera de los servicios esenciales por no manejar la tecnología.
Todo esto es, antes que nada, un desafío ético.
Envejecer —alguien lo dijo con razón— es un acto de valentía. Y esa valentía merece respeto. Un respeto hecho de presupuestos, normas y prácticas concretas que transformen la vida cotidiana de quienes, en un momento u otro, nos ayudaron a construir el país que habitamos.
