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El desafío fiscal está en la cancha de Puerto Rico

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha puesto fin a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal, al declarar la validez, tanto del organismo en su composición, como de las funciones que desempeña. Esta importante opinión judicial debe dar espacio al panorama operativo para reconstruir a Puerto Rico.

Desde febrero de 2019, cuando el Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston declaró inconstitucional la forma en que se habían hecho los nombramientos de la Junta, existía la interrogante de lo que pasaría con el Plan Fiscal y las negociaciones que se habían acordado con cierto número de acreedores, en el caso de que el Supremo federal sancionara ese dictamen.

A pesar de que el fallo de la corte en Boston no invalidó las decisiones ya tomadas por la Junta, y le permitió seguir ejerciendo sus funciones, era inevitable que persistiera una sensación de inestabilidad hasta que el máximo foro judicial no refrendara o revocara definitivamente la decisión.

Eso ha ocurrido, y ahora toca mirar hacia adelante y acometer las tareas del intenso desafío que, en gran parte, pone la bola en la cancha de nuestro país.

Ante los retos que han presentado la pandemia y un confinamiento con el que el gobierno trata de contener el virus, la Junta Fiscal ha suavizado términos originalmente establecidos, alargando los plazos de cumplimiento requeridos a las agencias de gobierno y a los municipios. Lo que no quiere decir que, una vez pasada la emergencia, no tengamos que enfrentar la realidad de la disciplina fiscal, la implantación de regulaciones ya estipuladas, y el reavivamiento económico mediante la colaboración estrecha entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico.

Ese es uno de los principios determinantes del desarrollo: el marco de estabilidad y confianza para que la isla recupere su credibilidad administrativa y pueda reubicarse con voz propia en diversos ámbitos, como el de la manufactura, sobre todo en el campo de las farmacéuticas y otras industrias para las que tenemos experiencia y capital humano. Es una oportunidad que se ha abierto dentro del infortunio de la pandemia, y sería muy irresponsable de nuestra parte no saber aprovecharla. El gobierno federal, que con la eliminación de la Sección 936 nos abocó en cierta forma a este abismo, ahora tiene oportunidad de repararlo.

Por su parte, el gobierno de Wanda Vázquez debe asumir con presteza su responsabilidad con la agenda fiscal y económica. Esto incluye trabajar para posibilitar los mecanismos y los incentivos locales adecuados para convertir a Puerto Rico en una plaza competitiva para la inversión de capital.

La desconexión que arrastran muchas de las agencias públicas y su pobre desempeño —más que demostrados en los momentos álgidos de esta crisis laboral y de salud pública— obstaculizan la distribución e inversión de los fondos federales, que son abundantes en este momento, pero que deben ser manejados en armonía con las cláusulas y condiciones federales.

Sabemos que el gobierno arrastra capas de burocracia e ineficiencia desde hace décadas, intensificadas en cuatrienios recientes y que llegaron al límite del disloque administrativo con la gestión y abrupta salida del exgobernador Ricardo Rosselló. Desde entonces, prácticamente hemos tenido un gobierno heredado e incoherente en los momentos más críticos.

Ahora, sin embargo, podemos crecernos.

Aclarados los términos de la relación del gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal —algo que vale también para la administración de gobierno que se inaugure en 2021-, este pueblo tiene que ver iniciativas y respirar un aire que estimule a la colaboración y al trabajo.

A eso está convocado el país por las circunstancias vividas, y por las que aún quedan por experimentarse en los meses que restan de este sacrificado año.

Estamos a casi cinco meses de las elecciones generales y la tendencia suele ser que el debate político desvíe de los grandes objetivos del país. Contra eso tenemos que luchar con firmeza, para asegurar que la clase política asuma su responsabilidad de devolverle la esperanza al pueblo.