En 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 748 que eximía a Estados Unidos de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo. La resolución se aprobó afirmando que en 1952, con el Estado Libre Asociado (ELA), el pueblo de Puerto Rico había alcanzado el gobierno propio. No obstante, ni Estados Unidos ni los propulsores del ELA pidieron el ingreso en la ONU para el “nuevo estado”. El ELA quedó en el limbo jurídico internacional, porque aunque alegadamente había alcanzado gobierno propio, sus intereses en la ONU continuaron representados por Estados Unidos.