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El fraude contra el PUA lo sufren los trabajadores

Es urgente poner freno a las actividades fraudulentas y otras irregularidades cometidas contra el programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) que ascienden ya a sumas considerables, pero cuyo costo real abarca también el perjuicio que causa a los que son legítimamente acreedores del beneficio en Puerto Rico.

Las muchas formas del delito, que van desde la solicitud fraudulenta por parte de personas que no tienen derecho a la asistencia hasta el uso de identidades falsas, forman parte de lo que parece ser un patrón que le hace un inmenso daño a la imagen de nuestro país.

Es repudiable el alto número de personas que solicitaron el seguro por desempleo a sabiendas de que no eran elegibles para esa ayuda, y que luego, atemorizadas por las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales y estatales, han devuelto el dinero recibido fraudulentamente. Restituirlo es una acción correcta, pero no remedia el taponamiento que esas actividades causaron en un Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desgastado por la burocracia y los sistemas obsoletos.

Es preciso que las autoridades investigadoras determinen si, aparte de las tretas ideadas desde la calle para burlar el sistema, existen elementos dentro de agencias encargadas de tramitar los beneficios que pudieran haber estado involucrados en algún tipo de irregularidad.

En agosto pasado se dispararon los arrestos por fraude al PUA, y hasta la primera semana de septiembre se había intervenido con 63 personas, sin contar las que son objeto de las pesquisas. El dinero recuperado rondaba entonces los $400,000. En la mayoría de los casos se habían utilizado licencias de conducir y documentación falsa para intentar cambiar los cheques, un aspecto significativo que pudiera abonar a la idea de que puede haber una estructura organizada dedicada a captar cómplices y dotarlos de los documentos para cometer los fraudes.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, informó recientemente que se había constituido un “Task Force” compuesto por agentes federales y estatales, precisamente para detectar solicitudes falsas. Además, esa agencia instaló una nueva plataforma conectada con el Departamento de Hacienda, mediante la cual esperan robustecer la vigilancia operativa y evitar que se acepten solicitudes ilegales.

El programa federal PUA está diseñado para asistir monetariamente a aquellas personas que no califican para el programa de desempleo regular, pero sus ingresos se han reducido debido a la pandemia del COVID-19. Pudieran recibir ayuda del PUA personas cuentapropistas, dueñas de un pequeño negocio que es su fuente principal de ingresos, con trabajos temporeros, quienes buscaban empleo a tiempo parcial, y a quienes les retiraron la oferta de trabajo debido a la emergencia, entre otras.

No debería estar demorado el pago a ese sector que tiene pleno derecho a ser recompensado.

Cabe mencionar que, aparte de las solicitudes fraudulentas, se han dado casos de robo del PUA a personas que acababan de cambiar el cheque, siendo prácticamente imposible recuperar el dinero. En este aspecto, corresponde a los ciudadanos ser mucho más cautos a la hora de cobrar sus beneficios, muchas veces sumas acumuladas durante las semanas en las que el pago se atrasó.

De ahí la importancia de que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se ponga al día, lo que también esperamos que se logre con la nueva plataforma digital y una más efectiva comunicación con el Departamento de Hacienda. La regularización del envío del beneficio es importante para que el desempleado pueda enfrentar la emergencia con una mejor planificación de sus finanzas.

Erradicar el fraude contra el PUA contribuirá a que, a medida que se vaya superando la pandemia y se normalicen las actividades socioeconómicas, esa fuerza laboral que hoy vive en la incertidumbre pueda retomar sus labores y emprender el futuro hacia una calidad de vida más sólida.