El fraude legislativo mina el desarrollo del país
Los fraudes contra el caudal y la confianza públicos cometidos por exempleados del Senado agudizan el grave daño que la corrupción causa, no solo a la institución legislativa, sino a las oportunidades de desarrollo del pueblo de Puerto Rico.
La corrupción en instituciones gubernamentales locales ha sido señalada como uno de los factores que han llevado al gobierno federal a imponer mayores controles y condiciones para liberar los millones de dólares de fondos asignados por el Congreso estadounidense para la recuperación de la isla.
Actuaciones delictivas como las que se han producido en esta legislatura, en medio de los grandes desafíos fiscales, entorpecen los esfuerzos de distintos sectores puertorriqueños de recuperar la confianza de los ciudadanos, del gobierno federal y de los mercados de inversión.
Corresponde al liderato legislativo tomar las medidas administrativas y fiscales que fortalezcan la credibilidad de la institución, cuyo deber impostergable y obligado es convertirse en modelo de integridad, formando un sólido frente contra la corrupción.
La reciente declaración de culpabilidad del pasado director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado se suma a anteriores capítulos de corrupción que han mancillado la reputación legislativa. En esta ocasión, el imputado, Ángel Figueroa Cruz, ha reconocido que, entre 2016 y 2018, conspiró para firmar facturas falsas por servicios no rendidos en favor de la entonces coordinadora interagencial del Senado. Además, enfrenta cargos por fraude bancario y por conspiración para cometerlo. La excoordinadora ya había admitido su culpa junto al tercer coacusado, contratista de la Cámara y coordinador político del presidente senatorial en el área de Humacao. Ambos se declararon culpables de cometer fraude electrónico al facturar por servicios que no realizaron.
Las autoridades federales han informado que continúan trabajando en la pesquisa sobre este caso de empleados fantasmas en el Capitolio. Figueroa Cruz era asambleísta municipal de Bayamón y dirigía en el Senado una oficina que emplea a más de 60 personas, entre ellas, a familiares de legisladores y políticos activos o derrotados. La referida oficina senatorial tiene cinco sedes satélites alrededor de la isla y desembolsa $1 millón en contratos por servicios, más $100,000 en alquileres anuales.
La recurrencia delictiva gubernamental, en este caso legislativa, apunta a la falta de celo en la supervisión y fiscalización de la administración y contratación de los haberes públicos. Además, fraudes como el recién desvelado en el Senado contradicen la retórica política del liderato legislativo en favor de empleados y pensionados públicos. Los verdaderos intereses del pueblo se protegen con la sana administración pública.
Nuestra gente se pronunció sin rodeos el pasado verano en contra de la corrupción y la impunidad. Ha exigido a la clase política, incluida la Asamblea Legislativa, transparencia y pulcritud en el uso de los limitados bienes públicos.
La corrupción violenta los derechos de los ciudadanos, porque les niega servicios indispensables. En días recientes, la contralora Yesmín Valdivieso estimó que la corrupción le cuesta al país un promedio de $1,000 millones anuales. Se trata de recursos necesarios para proveer servicios a los estudiantes de educación especial; reducir el recorte a las pensiones; reparar semáforos y carreteras; y mejorar el transporte hacia las islas municipio, entre muchas otras responsabilidades de los líderes en los que el pueblo ha depositado su confianza.
Los actos delictivos admitidos por el pasado director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y otros participantes en el esquema fraudulento obligan a la legislatura a cerrarles el paso a cualquier asomo de irregularidad.
De la misma manera, corresponde a las autoridades de ley y orden federales y estatales proseguir con las investigaciones que pongan fin al menoscabo de los recursos y las oportunidades de desarrollo de nuestro país.
