El veredicto de culpabilidad contra dos de los acusados de perpetrar el asesinato del ejecutivo bancario Maurice Spagnoletti, ocurrido hace casi 12 años, reinstala en el primer plano un derecho esencial del ordenamiento jurídico en Puerto Rico: la búsqueda de la justicia no tiene tiempos ni fechas de caducidad.

Después de tres días de deliberaciones –y 23 de un juicio que contó con 49 testigos–, un jurado federal declaró culpables del crimen ocurrido la noche del 15 de junio de 2011 a Yadier Serrano Canales y Rolando Rivera Solís. Un tercer acusado, Alex Burgos Amaro será enjuiciado en el verano, mientras Luis Carmona Bernacet fue hallado no culpable por ese asesinato.

El banquero Maurice Spagnoletti fue víctima de un horrendo crimen, cuya investigación parecía diluirse en el tiempo pese a los tortuosos detalles que fueron apareciendo en el curso de la extensa investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Mediante cuatro disparos en la cabeza, fue ejecutado vilmente después de ordenar la cancelación de los contratos millonarios de Doral Bank con la compañía de mantenimiento SJ Tropical y la corporación Max Construction, ambas vinculadas a Rivera Solís.

El Ministerio Público, al exponer el esquema que terminó con la vida de Spagnoletti, señaló que Rivera Solís encargó el asesinato, Burgos Amaro fue el responsable de alertar cuando el banquero salió del edificio principal de Doral y Serrano Canales cerró la terrible secuencia disparando a la víctima cuando conducía por el expreso José de Diego en San Juan.

La venganza, como quedó en evidencia, es obra de un grupo ligado al narcotráfico. De hecho, el jurado encontró culpables por ese delito a cinco acusados: Carmona Bernacet, Serrano Canales, Rivera Solís, Alan Lugo Montalvo y Fabiany Alméstica Monge. En tanto, cuatro de los imputados, con excepción de Lugo Montalvo, fueron declarados culpables por el uso de armas de fuego.

Todos los convictos deberán cumplir pena de cárcel a perpetuidad, en caso de que no prosperen las apelaciones que ya anunciaron sus respectivos abogados defensores.

El desenlace del caso Spagnoletti se transforma en un paradigma que debe alentar a cientos de familias que aguardan, especialmente en la esfera estatal, el final de postergadas investigaciones con el genuino anhelo de que se haga justicia. El veredicto emitido en la sala del Tribunal Federal del Viejo San Juan, presidido por el juez Francisco A. Besosa, fue un justo, pero incompleto alivio, para Marisa Spagnoletti, quien luchó incansablemente para empujar la encomiable y perseverante tarea del FBI.

Las cifras de criminalidad en la isla sobrecogen. Solo en el año 2021 se registraron 19.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. En tanto, en 2019 esa cifra escaló a 20.1 asesinatos. El narcotráfico es la principal causa de este cáncer que socava la paz social de Puerto Rico. Las tasas de delitos son voluminosas, y los recursos para investigarlos y llevar a los culpables ante la justicia siempre se hacen escasos.

Sin embargo, la recurrida explicación no debe desmoralizar a los encargados de hacer cumplir el precepto constitucional que establece que toda persona acusada disfrutará del derecho a un juicio rápido y público mediante un debido y justo proceso de ley.

No se puede obviar la valiente opción que tomó en su momento Spagnoletti, quien actuó sin vacilación para cortar los tentáculos del crimen organizado que pretendía invadir el territorio de la empresa privada. Como expuso la fiscal federal Kelly Zenón, el ejecutivo bancario cumplía con su trabajo.

El dictamen de la justicia es una señal clara del pueblo puertorriqueño, emitida a través del jurado, sobre su empeño en impedir que la impunidad se asiente ante la corrupción y debilite el combate del delito sin importar el origen y la condición social de las víctimas. El jurado plasmó su clara intención de castigar a quienes osan atentar contra la virtud de la honestidad.