El cuadro rampante de nepotismo y otras modalidades de favoritismo que se traduce en la otorgación de plazas de empleo a familiares o allegados de jefes de agencia, alcaldes, legisladores y otros funcionarios de gobierno, en crasa violación al sistema del mérito, obliga al fortalecimiento de las leyes y los reglamentos que rigen la designación y la administración de los recursos humanos en el servicio público.

Liberar al país de este grave problema, documentado en la investigación publicada esta semana por El Nuevo Día, requiere, además, que el alto liderato de las ramas gubernamentales asuma como responsabilidad inquebrantable impedir que los lazos familiares constituyan un criterio para el nombramiento de empleados en la esfera pública.

Es sumamente preocupante el señalamiento del directivo de la Oficina de Ética Gubernamental, en el sentido de que esa dependencia no tiene suficientes garras legales para combatir una práctica que burla el principio del mérito y desmoraliza a servidores públicos responsables y bien preparados. El funcionario admite que el nepotismo es una manifestación de la corrupción pública, pero alega que tienen “las manos atadas” para fiscalizarlo y erradicarlo.

Esa actitud de derrota no debe tener espacio en la gestión pública. En tal sentido, como parte de las transformaciones que le urgen al gobierno, se impone corregir las disposiciones legales pertinentes y hacer valer normativas estrictas de nombramientos que redunden en mayor productividad.

Caminar en esa dirección conlleva revisar la ley que prohíbe el nepotismo, pero arrastra la deficiencia de no definir la práctica. Además, urge cerrar el paso a los subterfugios y esquemas usados para colocar en cargos, de forma preferencial e injusta, a candidatos que tienen lazos familiares directos o indirectos con funcionarios influyentes en los distintos organigramas gubernamentales.

Indigna al pueblo, con toda razón, el contenido de la amplia documentación sobre el nepotismo en la muestra de 54 de 170 entidades públicas investigadas por este medio. De esa indignación pudieran dar fe los miles de trabajadores que hoy están desempleados. Esta hiriente realidad lacera de manera particular a quienes tienen vasta preparación académica o experiencia técnica valiosa, pero se les han vedado oportunidades laborales en el gobierno.

Agobia, además, la penosa respuesta de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos que no muestra evidencia de auditoría alguna contra el nepotismo. La titular de la agencia plantea el inexcusable argumento de que con un equipo de 50 empleados no puede fiscalizar adecuadamente.

Pese a su profundidad, el reportaje apenas ha raspado la piel del severo problema de nepotismo y favoritismo que se extiende por todo el entramado público. Hace falta voluntad y compromiso para mejorar el servicio gubernamental. No hay espacio para discursos conformistas que dibujan el nepotismo como un mal incurable, abonando a su perpetuidad. Es, además, repudiable el silencio sobre este asunto observado por candidatos a importantes cargos públicos.

Urge reformar el sistema de personal gubernamental para que los registros de elegibles para cada puesto sean respetados en el proceso de reclutamiento. Tienen que primar criterios objetivos de retención y ascensos, mediante el respeto riguroso a las normas de sana administración de personal.

La grave crisis fiscal obliga a la prudencia estricta en la gestión pública, aplicando plenamente el principio del mérito como modelo de eficiencia y de recuperación de la credibilidad del gobierno. El reclutamiento del personal más apto es esencial en esta ecuación.

Los ajustes deben incluir disposiciones puntuales para erradicar, por ejemplo, la práctica de referir a parientes de senadores para ocupar puestos en la Cámara de Representantes, y viceversa, y trámites similares en agencias de la rama ejecutiva, municipios y corporaciones públicas.

Esencial en el esfuerzo firme para destronar la cultura deleznable del nepotismo y otros esquemas de favoritismo es garantizar que todo proceso de selección, nombramiento, retención y ascenso en el gobierno esté regido por criterios objetivos y justificados. Esa es la ruta para alcanzar verdadera excelencia en el servicio público.