El nuevo Código Civil desatiende deber histórico
La gobernadora Wanda Vázquez no ha asumido la responsabilidad a la que la historia la ha convocado, de convertir el Código Civil en la fuente legal que refleje la justicia igualitaria y la modernidad de los tiempos, como documento rector de la convivencia social en Puerto Rico.
El Código Civil es la fuente de derechos más importante después de la Constitución. Abarca la reglamentación de la persona y todas sus relaciones jurídicas privadas, incluidas la familia, las de contratación civil, y las que atañen al derecho hereditario, entre otros aspectos medulares en una sociedad democrática.
A 10 meses de haber asumido la gobernación por disposición constitucional, tras el firme rechazo ciudadano a estilos de gobernanza que retrasan al país, la mandataria ha convertido en ley un Código Civil fruto de un proceso apresurado que excluyó el insumo enriquecedor de expertos en derecho y de la diversidad de sectores de nuestra sociedad.
El desentendimiento de la clase política de la realidad de muchos hogares ha permitido que entren al Código disposiciones que afectarán severamente a menores a los que el Estado debería proteger. A desamparos legales también se exponen mujeres, familias empobrecidas y minorías de diversa índole.
El nuevo Código incorpora terminologías ambiguas e incoherencias que pueden significar para los ciudadanos y los tribunales complejidades innecesarias a la hora de poner en vigor determinadas disposiciones. Las contradicciones en la misma legislación causan gran preocupación.
A eso se suma el defecto mayor de proveer apenas seis meses para encaminar adecuadamente los múltiples cambios que incluso muy pocos letrados conocen, debido a la oscuridad del proceso.
Entre otros asuntos que generan serias inquietudes, el nuevo Código altera obligaciones sobre la alimentación de menores, en la medida en que extiende el término de pago de pensión hasta 10 días del mes en curso. Además, la falta de precisión en el lenguaje puede conducir a la interpretación de que un tribunal no tiene que mediar para poner fin al sustento de hijos universitarios.
Ese tipo de modificaciones propicia que haya más litigios entre excónyuges para procurar el sustento de menores y techo seguro. Expertos en derecho consideran que imprecisiones en el lenguaje del Código pueden repercutir en otras obligaciones claves para el bienestar de la niñez. Advierten, en particular, sobre la merma en las protecciones para menores con diversidad funcional.
Otras disposiciones del Código pueden limitar servicios de salud y las garantías de la integridad física y emocional de las mujeres. La falta de uniformidad en conceptos claves relacionados con los derechos reproductivos abren espacio a interpretaciones de alto riesgo para este sector.
Mientras, a las parejas no casadas solo se les reconocen derechos y obligaciones en materia de administración de bienes de una persona fallecida y para casos de adopción. Pero falta un marco jurídico para obligaciones y deberes en otras instancias importantes.
El lenguaje contradictorio y la falta de un récord que permita aclarar la intención legislativa impiden que el nuevo Código sea un documento normativo confiable. Sus deficiencias propician litigios onerosos y dificultan que las decisiones judiciales sean rápidas y justas.
Sabemos que Puerto Rico necesita un Código Civil moderno, que esté a la altura del siglo 21. Pero su revisión ha debido requerir un análisis ponderado, enmarcado en la transparencia y la participación amplia de todos los sectores sociales.
Ha sido un terrible desacierto, de parte de las ramas legislativa y ejecutiva, la falta de receptividad al reclamo reiterado de considerar la legislación en el próximo cuatrienio, con garantías de participación para forjar un marco legal que vele por la justicia para todos.
Ceder ante posturas de intolerancia y discriminación, justo en la cercanía de los comicios generales, habla más del oportunismo político que de la defensa de la democracia.
Validar un Código Civil que abre la puerta al desgarre social crea una lastimosa y peligrosa barrera en la agenda hacia el consenso y la armonía que debería emanar del documento rector de una sociedad igualitaria.
