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El papa Francisco en solidaridad con la población lgbtq+

El papa Francisco ha condenado abiertamente una histórica discriminación que ha costado millones de vidas inocentes y tronchado muchas otras en el mundo: considerar la homosexualidad como un delito. Por tanto, con acierto y valentía, ha denunciado como injustas las leyes que criminalizan la homosexualidad.

En consecuencia, además, el papa instó al liderato de la Iglesia Católica a reconocer la dignidad de todas las personas. Afirma que también los líderes eclesiásticos tienen que atravesar un proceso de conversión que les haga capaces de acoger a todas las personas tal y como son. Esta convocatoria de apertura debe instalarse en el pueblo católico mediante expresiones de solidaridad hacia la población lgbtq+ dentro y fuera de los templos. El llamado debería también cruzar el umbral del catolicismo para resonar en las consciencias y corazones de otras comunidades religiosas para evitar que, a nombre de la fe, se discrimine y atropelle.

Informes de The Human Dignity Trust, citados por la agencia internacional de noticias AP que hizo la reveladora entrevista al papa esta semana, indican que 67 países o jurisdicciones penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y en 11 se aplica o puede aplicar la pena de muerte. Eso es una afrenta deshumanizante. Los informes citan a expertos que advierten que, aun cuando este tipo de leyes sesgadas no se apliquen, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas lgbtq+.

Afortunadamente, Puerto Rico ha ido dejando atrás esas taras legales, aunque no la amenaza constante contra este sector de la población. Con el empoderamiento de un virulento sector extremista en Estados Unidos y otros países, en los últimos años, la represión y persecución sistemáticas contra la población lgbtq+ ha arreciado con la complicidad del oportunismo político y el silencio de los ciudadanos.

Tan cerca como en Florida, el gobierno ha emprendido una creciente campaña contra esta población, prohibiendo la enseñanza sobre identidad sexual y género en los primeros años escolares, como si pudiera negarse la realidad social y científica. En los pasados días, el gobierno floridano exigió también a las universidades proveer los nombres de estudiantes que reciben o han recibido tratamientos relacionados con la afirmación de género. La junta médica estatal ya prohibió dichos servicios para menores de 18 años.

Ante las expresiones del papa, es preciso subrayar que los delitos son normativas legales que, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, están sujetas a un marco constitucional que establece la separación entre Iglesia y Estado. En 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales las leyes que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, en un acto de reconocimiento de los derechos de esa población.

Deberíamos aspirar como país a que la orientación sexual, la identidad de género y las relaciones sexuales consentidas entre adultos ni siquiera sean temas de conversación en nuestra sociedad porque se les reconoce como situaciones y conductas válidas. Cuánto más justa sería nuestra sociedad si cada persona, sin distinción alguna, pudiera disfrutar en paz de acceso a vivienda, empleos, servicios médicos de calidad y trato sensible en todos los lugares gubernamentales y privados.

La convocatoria que hace el máximo jerarca de una iglesia con millones de feligreses por todo el mundo debería mover a un profundo proceso de reflexión y acción en las distintas congregaciones de fe y en la sociedad en general para alcanzar un propósito mayor: hacer una práctica cotidiana el valorar y respetar el derecho de todas las personas a una vida digna y segura, y a sus procesos individuales de desarrollo personal y espiritual. Así se hace solidaridad.

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