El gran portón que protege desde hace siglos la entrada al Santo Sepulcro de Jerusalén jamás había estado cerrado por tanto tiempo. No ocurrió en las grandes guerras, ni durante la pandemia del COVID-19, ni en ningún otro momento, pese a los años convulsos que han sacudido al mundo este siglo y el anterior. Esta vez no hubo celebraciones litúrgicas en el lugar donde la tradición cristiana sitúa la crucifixión y resurrección de Cristo.
Este hecho ilustra bien la gravedad de los tiempos que vivimos.
Desde el 28 de febrero, la Iglesia del Santo Sepulcro permanece cerrada por orden de las autoridades israelíes, ante la amenaza de ataques en el marco de la guerra entre Israel e Irán.
El Domingo de Ramos, cuando el mundo cristiano abría la Semana Mayor, se impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, entrar a celebrar misa —en forma privada, sin procesión ni ceremonial público—, en lo que la propia Iglesia calificó como “la primera vez en siglos” y “un grave precedente”. Desde Roma, el papa León XIV exclamó ante miles de fieles: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”, haciendo presente que ninguna religión puede utilizarse para justificar la violencia. Pero el mundo da la espalda a estos acontecimientos.
En Ucrania y en Oriente Medio, el ruido de las bombas ignora esta tregua litúrgica. El balance de las muertes llega a cifras que hieren el alma, y los miles de desplazados agudizan su pesar sin saber a dónde ir.
En ese escenario emerge otro fantasma que amenaza nuestra atribulada economía. Los precios del combustible, las cadenas de suministro, los aranceles cruzados: todo atenta contra el bolsillo, y esa presión se siente con especial crudeza en una isla que depende de la energía importada y que, según nuestros propios economistas, enfrenta una alta dependencia de bienes importados que la hace especialmente vulnerable a cualquier alza en los precios internacionales. Cuando sube el combustible, sube la luz. Y de ahí se inicia una cadena dramática que golpea el bolsillo de los puertorriqueños.
Este año la Semana Santa llega como una pausa que el mundo necesita, pero que pocos parecen dispuestos a tomar.
Y Puerto Rico no es la excepción.
Rosniellys Marcano Carrasquillo regresaba a su hogar desde un torneo de voleibol cuando dos motociclistas emboscaron el automóvil en el que viajaba por la carretera PR-187, en Loíza. Tenía 14 años. Pertenecía al cuadro de honor escolar. Jugaba en el equipo North Volleyball Puerto Rico. Su último grito fue “¡me dieron!”. Una frase que estremece viniendo de una joven llena de proyectos de vida.
Esa muerte debería movilizar instituciones y poner el foco en la violencia delictual. Pero no. Mientras una familia sepulta a una niña y su prima permanece hospitalizada, la clase política puertorriqueña está enfrascada en una pugna que tiene más de pelea electoral que de vocación de servicio.
Si el patriarca latino de Jerusalén puede rezar de rodillas en el jardín de Getsemaní, en medio de una guerra, sin odio y sin rendirse, ¿qué excusa tiene la clase política de Puerto Rico para no detener su propia guerra de ambiciones?
Hay dolores más urgentes que el de perder una primaria. Hay una niña de 14 años en Loíza que no llegó a ver la Pascua.
Puerto Rico no puede costear estas pugnas. Lo que sí puede costear —lo que se le debe a Rosniellys y a todas las familias como la suya— es un liderazgo que recuerde las razones por las cuales fue elegido.
