El paso cercano del huracán Erin representó un barómetro de vulnerabilidad para Puerto Rico. Aunque no se aproximó a nuestra isla, bastó su roce para dejar más de 160,000 abonados sin servicio eléctrico y provocar la paralización de algunos sectores comerciales e industriales.
---
Read this article in English.
---
Mientras avanza el periodo de mayor actividad de la temporada de huracanes, persisten apagones frecuentes y abonados decepcionados como resultado de un servicio caro e inestable. Solo en 2023, Puerto Rico experimentó más de 20,000 interrupciones reportadas en el servicio eléctrico, con duraciones promedio mayores que en cualquier otro territorio estadounidense.
A lo anterior, sumamos la pesada herencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda por concepto de bonos supera los $8,500 millones. Si esa carga se impone en la factura, como pretenden los bonistas, pagaríamos por un mal servicio que, en promedio, ya cuesta más del doble que en Estados Unidos. No puede ser que debamos financiar con nuestros bolsillos la corrupción y la ineficiencia gubernamental que hemos sufrido durante décadas.
En ese panorama sombrío, la figura del zar de Energía, Josué Colón, luce atrapada en prejuicios políticos y técnicos. El exdirectivo de la AEE se inclina a quitarle al sector privado la responsabilidad de la transmisión y distribución, pero sin un plan de transición ni contingencia. Pretende que el Estado retome el control de una red eléctrica que, por múltiples factores, fracasó en manejar, y que lo privado quede a cargo de la generación. La jugada parece más una excusa política que una solución técnica y demuestra una falta de visión coherente en la estrategia energética.
La administración de Jenniffer González llegó al poder prometiendo atacar el problema energético de raíz. Sin embargo, ya en el pico de la temporada de huracanes, el panorama es incierto. El fondo de emergencia de la AEE apenas cuenta con $15 millones, una cifra irrisoria frente a la magnitud de los riesgos. Para ponerlo en perspectiva: reparar los daños que el huracán María provocó al sistema eléctrico costará unos $13,000 millones. A esa catástrofe le siguió el impacto negativo del huracán Fiona, que ocasionó daños al sistema eléctrico ascendentes a $4,000 millones y que succionó prácticamente los pocos recursos que quedaban en el fondo de emergencia de la AEE.
Los vehículos especializados, las plantas de generación temporal y otros equipos de primera respuesta han quedado atrapados en un mar de burocracia, ineficiencias y negocios con algunos suplidores que inflaron los precios de los productos ofrecidos. Fue la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la que tuvo que desarticular esas compras, que se vinculan a la intromisión política, tantas veces repudiada por el pueblo. El resultado: podría transcurrir toda la temporada de huracanes sin que tengamos los recursos energéticos de emergencia prometidos, a raíz de contratos que representan inversiones millonarias.
Mientras, la intervención del presidente Donald Trump sobre la JSF terminó de desarmar cualquier estrategia seria de renegociación de la deuda de la AEE. Así, queda otra vez al descubierto la fragilidad de nuestro andamiaje político y administrativo. Puerto Rico siempre deja el flanco abierto: gobiernos debilitados, tecnócratas complacientes y burócratas que terminan validando la narrativa del poder federal.
Hoy, de los $17,000 millones prometidos por FEMA para reparar y modernizar la red eléctrica, se han desembolsado solo $3,200 millones. LUMA estima que se necesitarán al menos $25,000 millones para lograr un sistema robusto, pero la diferencia entre lo prometido y lo ejecutado mantiene al país en vilo. Mientras, seguimos dependiendo en un 60% de combustibles fósiles y apenas alcanzamos un 6% de energía renovable, pese al mandato para alcanzar un 100% de generación verde en apenas 25 años.
Lo más doloroso es la impotencia que prima entre los ciudadanos y el sector privado, pero que parece ignorar el sector público. Con proyecciones de huracanes más fuertes, erosión costera creciente y otras complejidades que exacerban nuestra vulnerabilidad, no contamos con dinero suficiente ni equipos para responder con eficacia a una emergencia.
No puede persistir la inacción, las pugnas estériles y observar como una especie de pillaje de cuello y corbata se cuela sin misericordia para prolongar precariedades en la población, pese a las buenas intenciones de La Fortaleza.
Para reconstruir nuestra red eléctrica resulta urgente gestionar la crisis con transparencia y rendición de cuentas, considerando siempre primero a Puerto Rico.
No hay espacio para la gobernanza deficiente. Erin solo nos rozó. La pregunta es cuánto más resistirá Puerto Rico atrapado entre huracanes y malas decisiones que nos llenan de impotencia.