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Enfoque integral para frenar la adicción a drogas

La divulgación, por parte del gobierno estadounidense, de la ocurrencia de más de 100,000 muertes por sobredosis en solo 12 meses en Estados Unidos, marca la urgencia de poner en vigor una política pública con enfoques novedosos para atender el gravísimo problema de la adicción a drogas y sus efectos devastadores en la sociedad.

Entre las tendencias del drástico aumento en sobredosis con desenlaces mortales, expertos señalan el elevado consumo del fentanilo, un opioide sintético altamente adictivo que por años solo se ha utilizado de forma controlada en hospitales. Además, aluden a la pandemia del COVID-19, como circunstancia que ha exacerbado el abuso de sustancias.

Puerto Rico no está ajeno a la tendencia letal confirmada en Estados Unidos. En octubre pasado, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó un alza de muertes por sobredosis aquí. En ciertos casos se detectó la presencia de fentanilo mediante autopsias. La agencia estatal indicó que, de 2016 a 2020, al menos 219 personas perdieron la vida en la isla a causa del fentanilo. También detectaron rastros del potente opioide en 951 personas fallecidas de otras causas. En los cuatro años referidos, el hallazgo de la referida sustancia en autopsias subió en más de 2,000%, de acuerdo con el ICF.

Es relevante que el presidente Joe Biden reconozca la necesidad de asegurar fondos sustanciales para combatir las adicciones y revertir la espiral fatídica de sobredosis que describió como “un hito trágico” para Estados Unidos. La respuesta afirmativa del Congreso y de las autoridades federales debe poner énfasis en los enfoques salubristas para combatir las adicciones a los opioides y otras sustancias que suman entre sus principales víctimas a miles de jóvenes en Estados Unidos y Puerto Rico.

La gestión afirmativa mediante nueva legislación debe incluir la ampliación de programas de desintoxicación con nuevos tratamientos, como el uso de buprenorfina, que ha probado buenos resultados para frenar el consumo de heroína y otros opioides.

Además, es relevante mejorar las iniciativas de prevención. Desde la niñez temprana, en los currículos escolares deben incorporarse cursos sobre la importancia del cuido y de la protección del cuerpo mediante la alimentación saludable y el ejercicio regular. En tal sentido, la docencia puede aportar a desalentar el acercamiento a sustancias nocivas mediante la peligrosa experimentación.

Un esfuerzo más abarcador de prevención del uso de drogas ilegales también debe incorporar a las instituciones religiosas, deportivas y comunitarias, entre otras con potencial formativo, cuyos líderes están llamados a mantenerse documentados sobre las nuevas tendencias de tráfico y consumo.

Por su parte, las autoridades de ley y orden, federales y estatales, están llamadas a incrementar las ofensivas estratégicas para intervenir, neutralizar y castigar a las organizaciones de contrabando.

En Puerto Rico, identificado como punto de transbordo de cargamentos ilícitos procedentes de Suramérica, esas actividades ilegales laceran a toda la población que sufre la inseguridad derivada de los conflictos violentos entre grupos implicados en la venta y el consumo de drogas. Propician la pérdida de vidas en tiroteos u otros crímenes, y por sobredosis con sustancias tóxicas.

En nuestra isla se ha estimado que al menos 150,000 personas padecen de adicciones a drogas ilícitas, pero los programas de tratamiento son limitados. Una respuesta integral contra las adicciones y el trasiego de drogas, con balance atinado en los esfuerzos de prevención, tratamientos y ofensivas policiacas, es muy necesaria en Estados Unidos y Puerto Rico.

El diseño de las iniciativas más acertadas para dar con soluciones viables al serio problema de la adicción debe auscultar alternativas exitosas en jurisdicciones que han podido mejorar las oportunidades de rehabilitación de personas adictas, el estado de la seguridad pública y la calidad de vida de las comunidades en general.

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