Estimular un crecimiento económico sostenido es uno de los retos principales de Puerto Rico. Hoy, varios proyectos bajo evaluación en la Asamblea Legislativa representan opciones para crear las condiciones necesarias que propicien un ambiente de inversión más justo que promueva la implementación de tasas contributivas más equitativas para todos.
Ante ese escenario, es medular que ambos cuerpos legislativos tomen acción sobre la evaluación de varias medidas en esa dirección para que sean aprobadas y, eventualmente, convertidas en ley por la gobernadora.
Por un lado, figura el Proyecto de la Cámara 505, que busca enmendar la Ley 60 de 2019 para modificar los decretos de Individuos Residentes Inversionistas, con el fin de que paguen una tasa preferencial de 4% sobre sus ganancias en la isla. La propuesta cameral, que en el Senado se registra como Proyecto 489, aplicaría solo a futuros inversionistas residentes y su vigencia sería hasta el 2055. La pieza sustituiría el esquema actual.
Mientras, el Proyecto del Senado 488 (501 en la Cámara), también conocido como el “Proyecto de Igualdad Contributiva”, extiende ese beneficio del 4% a todos los residentes de Puerto Rico, sin distinguir si es extranjero o puertorriqueño. La enmienda propuesta al Código de Rentas Internas aplicaría el 4% sobre los ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital, incluyendo el rendimiento obtenido por la venta de propiedades.
Actualmente, la tasa de ganancias de capital aplicable a los residentes de Puerto Rico está entre el 15% a 24%.
Reconocemos que ambas medidas ayudarían a incentivar el crecimiento económico y a crear una estructura contributiva más atractiva que incentive la inversión local y propicie el regreso de la diáspora a la isla.
Las piezas legislativas responden a una inquietud ampliamente compartida por economistas, empresarios y analistas fiscales que identifican necesario corregir distorsiones en el tratamiento contributivo del capital que, durante años, han generado percepciones de desigualdad entre inversionistas locales y quienes se benefician desde el exterior de programas especiales de incentivos.
La evidencia muestra que otras jurisdicciones, como Florida y Texas, que reducen la tributación sobre el capital, suelen experimentar mayores niveles de crecimiento económico y de atracción de población e inversión. En el caso de la isla, su condición territorial le confiere una ventaja única al convertirse en un destino altamente competitivo para ciudadanos estadounidenses que buscan invertir sin enfrentar gravámenes significativos sobre el capital. Por lo demás, ello podría contribuir a fortalecer una economía que durante años ha dependido en gran medida del gasto público y de fondos federales extraordinarios.
Proyecciones económicas incluidas en análisis especializados estiman que los incentivos contributivos podrían generar unos $3,036 millones en ingresos fiscales adicionales acumulados en cinco años, con un beneficio neto estimado cercano a $2,492 millones.
El proceso legislativo debe servir para examinar con rigor técnico las medidas propuestas y su impacto real en nuestra atribulada economía. La experiencia internacional demuestra que los incentivos contributivos son más efectivos cuando forman parte de una estrategia económica más amplia, que será tarea del gobierno impulsar con determinación, tal como ha hecho con la promoción de estas propuestas ante el poder legislativo.
Puerto Rico necesita instrumentos de política pública que incentiven la acumulación de capital productivo, promuevan el emprendimiento local y fortalezcan la confianza de inversionistas que evalúan al país como destino para desarrollar proyectos de largo plazo. Nos parece oportuno y pertinente avanzar en estas reformas.
