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Es hora de proteger la buena gobernanza

Otros dos municipios han sido sacudidos este jueves por el arresto de sus alcaldes, ahora imputados de cargos de corrupción por las autoridades federales. En menos de seis meses, cinco ejecutivos municipales figuran acusados por esquemas ilegales similares. Hoy, es preciso preguntarnos como país ¿cuánto más estamos dispuestos a aguantar estos patrones?

En cada municipio, estos eventos desestabilizan las operaciones, distrayéndolas de su misión principal que es servir al pueblo. A los acusados les cobija la presunción de inocencia. Pero si se prueban ciertas las acusaciones contra estos alcaldes, el daño a los ciudadanos habrá sido mayor. Por un lado, significa la pérdida de fondos públicos desviados a compañías contratadas mediante esquemas de soborno y extorsión que les generan ganancias ilegales a funcionarios y empresarios. Por otro lado, minan con una competencia desleal a compañías de buena lid, descartadas por favoritismos ilegales sin que la consideración sea -como se supone- de acuerdo a la entidad que pueda ofrecer el mejor servicio al pueblo.

La corrupción gubernamental erosiona nuestras instituciones, arrebata derechos y la confianza que los ciudadanos deberían tener en ellas. Las autoridades federales han presentado una lista de 51 acusados de cargos de corrupción en Puerto Rico desde 2020, en pleno periodo de pandemia. No todos son funcionarios electos. El fiscal federal Stephen Muldrow y el jefe de la división de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington D.C., Corey Amundson, han planteado que la corrupción es un problema que se repite en otros estados y jurisdicciones. También el gobernador Pedro Pierluisi se ha referido al asunto como un problema social.

Sin embargo, no podemos normalizar estos comportamientos que le cuestan al país fondos y servicios. Los arrestos de los alcaldes Javier García Pérez, de Aguas Buenas, y Reynaldo Vargas Rodríguez, de Humacao, así como la declaración de culpabilidad del contador público autorizado Joseph Fuentes, acusado de mentir a la Comisión Federal de Elecciones sobre la procedencia de $495,000 aportados a un comité favorecedor de la candidatura de Pierluisi muestran que, si bien la corrupción se repite en otras instancias, tiene un nicho en la política partidista.

A García Pérez y a Vargas Rodríguez se les atribuye el mismo patrón criminal por el que el ahora exalcalde de Cataño, Félix Delgado, se declaró culpable y por el que los también ahora exalcaldes Ángel Pérez, de Guaynabo; Eduardo Cintrón, de Guayama; el anterior alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques; y el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, esperan por juicio. Aunque los patrones son distintos, comparten el mismo fin atribuido a los exrepresentantes Nelson del Valle, declarado culpable, María Milagros Charbonier y Néstor Alonso: engordar sus bolsillos a cuenta del dinero público.

La mayoría de estos funcionarios fueron reelectos en sus posiciones. En algunos casos, como el de los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, se les atribuyen actos criminales desde primer mes de asumir al cargo. El liderato tanto como las bases de los partidos por cuya insignia llegaron estas personas al poder no puede limitarse a ser reactivo. Tienen la responsabilidad vicaria de asegurarse que sus correligionarios que ejercen funciones en el servicio público se rijan por los más altos valores de integridad y respeto por los bienes de los que son custodios.

En el caso del comité creado para favorecer a Pierluisi en su carrera a la gobernación, corresponde también al primer ejecutivo pedir cuentas y asegurar que se aclaren las dudas en torno a los donativos en cuestión.

Por otro lado, con la misma diligencia que han mostrado las autoridades federales, las agencias de investigación y fiscalización del gobierno de Puerto Rico tienen que asumir sus funciones para procesar a todo sospechoso de incurrir en actos de corrupción. Una respuesta firme de tolerancia cero a estas prácticas será freno para que personas inescrupulosas y oportunistas con aspiraciones a cargos públicos se sientan alentados por un clima de impunidad.

Los ciudadanos, por su parte, tienen una altísima responsabilidad al ejercer su voto. Emitirlo debidamente informado para escoger bien a quienes encomendarán mandos en las ramas políticas del gobierno, aportará a minar la opción de confianza a quienes no demuestren un legítimo compromiso de servicio al pueblo.

Ya es hora de poner un detente a la cultura de consentimiento, complicidad y clientelismo político para proteger la buena gobernanza en Puerto Rico.

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