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Es medular valorar al magisterio y sus alumnos

Para que Puerto Rico cumpla con el mandato que impone la Constitución de que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos de las personas y de las libertades fundamentales, es preciso una transformación radical de la visión y estructura del Departamento de Educación. Es necesario, además, que quienes tienen la misión de propiciar ese desarrollo tengan ellos mismos las mejores condiciones y poder para ejercer dicha función central para el progreso y bienestar de nuestra sociedad.

La jubilación prevista de 2,685 maestros antes de que comience el próximo año escolar por las nuevas condiciones dispuestas sobre su retiro supone un reto al cumplimiento cabal de la orden constitucional. La situación exige ser proactivos en la identificación e implementación de alternativas para evitar que un número sustancial de niños queden sin clases en agosto por falta de maestros.

Pero el Departamento de Educación tiene, además, el desafío de reorganizarse de manera que los recursos vayan a los que se supone que sean la razón de ser de la agencia: los estudiantes.

Hace falta partir de la idea de un Departamento de Educación distinto al que tenemos hoy, que ponga al frente la realidad y necesidades de los estudiantes y en torno a ello organice su estructura. Para eso, es necesario entender las dimensiones de la misión constitucional de propiciar un desarrollo pleno de la personalidad de los alumnos, que va más allá de aprobar una materia.

La inversión en los estudiantes y la calidad del ambiente y recursos educativos no es necesariamente la correcta porque buena parte del presupuesto de Educación se queda en las capas de burocracia atadas también al clientelismo político. Las prioridades parecen trastocadas cuando menos de la mitad -alrededor del 47 por ciento - de la nómina de la agencia son maestros en las 860 escuelas. Es decir, que por cada maestro hay más de un empleado administrativo, sin contar la contratación de, por ejemplo, servicios de consultoría administrativa por los que la agencia paga otros tantos millones de dólares.

Además de estas contrataciones de servicios que suelen duplican las labores que se supone hagan los empleados de la agencia, se pierde el dinero que debería llegar a los salones en gastos innecesarios, así como en actuaciones ilegales por las que dos ex titulares de la agencia resultaron convictos. Por ello, son lamentables recientes expresiones del secretario de Educación sobre la insuficiencia presupuestaria de la agencia, que tiene asignados $5,000 millones, la mayor partida entre todas las dependencias estatales.

En su reciente ponencia ante la legislatura, el funcionario parece aludir a los alumnos y, en consecuencia, a los maestros, como meros productos desplazables. Los estudiantes no son una mercancía. Son vidas de las que depende el porvenir del país, sus oportunidades de desarrollo económico y la calidad de nuestra convivencia social. Quienes acuden a recibir el servicio que ordena la Constitución son hoy quienes no tienen oportunidades para recibir educación privada ante el actual menoscabo del sistema público. Muchos incluso dependen del servicio escolar para recibir los alimentos del día.

De ahí que sea tan relevante cambiar la mirada, el discurso y la actitud gerencial en torno a la agencia y su misión. Es preciso dar un giro hacia la empatía y la colaboración; hacia valorar a la comunidad de aprendices como personas y a los maestros como profesionales que facilitan su formación como seres integrales.

Hacia ese fin, es importante también que la transformación del sistema educativo en Puerto Rico sea el resultado de la participación plena de los docentes. Después de todo, son ellos los expertos en las etapas de la enseñanza y las necesidades profundas y cotidianas de los alumnos.

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