Puerto Rico se enfrenta al arresto de un tercer legislador acusado de corrupción por las autoridades federales en menos de un año, esta vez durante la espera por la certificación final de los funcionarios elegidos para liderar la administración de gobierno en el próximo cuatrienio.

Al representante novoprogresista Néstor Alonso, quien se ha declarado no culpable, le ampara la presunción de inocencia. Pero las acusaciones que pesan en contra del legislador se suman al golpe reiterado a la imagen y credibilidad de la Asamblea Legislativa. Una de las consecuencias es el inmerecido avergonzamiento del país.

La primera encomienda de la próxima Asamblea Legislativa debe ser, sin demoras, poner orden en la propia casa. Es preciso establecer los mecanismos necesarios para poner freno al nefasto y desenfrenado uso de los bienes públicos por parte de quienes han sido elegidos para representar los mejores intereses de una isla sumida en un proceso de quiebra.

Contra Alonso pesan nueve cargos similares a los radicados por un Gran Jurado contra sus excompañeros del cuerpo legislativo, María Milagros Charbonier y Nelson del Valle, arrestados en agosto. Se le atribuye haberse apropiado de $40,000 producto de un aumento de salario inflado a un empleado de su oficina.

El año pasado también fue arrestado el entonces senador Abel Nazario, a quien un jurado encontró culpable en marzo por cargos de prestar declaraciones falsas en un esquema que afectó a empleados municipales cuando Nazario era alcalde de Yauco. El exfuncionario enfrenta otro proceso judicial en torno a imputaciones de fraude mediante empleados fantasmas.

En este cuatrienio, otros tres representantes tuvieron que renunciar en medio de imputaciones de actos indebidos. Además, el propio exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado se declaró culpable el mes pasado ante un juez federal por conspiración para cometer fraude electrónico.

Los electores puertorriqueños demostraron en los comicios generales del martes que exigen un cambio, particularmente en la Asamblea Legislativa. Por primera vez, hay alrededor de una decena de candidatos elegidos por nuevas colectividades en ambos cuerpos y hubo renovación aún entre las sillas que el bipartidismo retuvo.

Previo a los comicios, investigaciones periodísticas y una demanda judicial ayudaron a revelar el esquema de contrataciones onerosas en la legislatura, que tanto senadores como representantes de ambos partidos principales, hasta el martes, se habían negado a divulgar pese a tratarse de información que los ciudadanos tienen derecho a conocer.

A la nueva legislatura le corresponde comenzar por fiscalizarse a sí misma para evitar que se repitan estos episodios que laceran el interés público y la credibilidad de la institución legislativa. Urge establecer sistemas de clasificación y retribución de personal que acaben con la práctica de reclutar a simpatizantes, allegados, familiares y candidatos derrotados que no cumplen con las competencias requeridas para las plazas.

Es necesario enmendar leyes aprobadas este cuatrienio, mediante procedimientos oscuros y apresurados, en menosprecio a la confianza de los votantes que en estas elecciones ha enviado un claro mensaje de rechazo a los estilos antidemocráticos y a la cultura de impunidad del atropello legislativo.

La propia Ley Electoral impuesta sin consenso a meses de los comicios debe ser revisada en un marco de deliberación profunda. El análisis debe tomar en cuenta la expresión contundente de los votantes en esta elección y las propuestas para mejorar el sistema legislativo y la gobernanza en general, que acompañan las agendas de la nueva cepa legislativa.

La Oficina del Contralor ha estimado que la corrupción gubernamental le cuesta a Puerto Rico un promedio de $1,000 millones anuales. También cuesta en reducción de servicios, precariedad de las instalaciones públicas y desigualdad.

Puerto Rico pidió transformación. Llegó el momento de ponerla en acción mediante una vigorosa iniciativa para el verdadero saneamiento legislativo.