La deuda millonaria que el Departamento de la Familia tiene con centros de cuido de adultos mayores debe resolverse con urgencia para evitar una crisis de servicios que atente contra el bienestar de esta creciente y necesitada población en Puerto Rico.

La Administración de Familias y Niños atribuye las demoras en los pagos al proceso de actualización de un sistema uniforme de licenciamiento y monitoreo de establecimientos. Aun así, es insólito que el gobierno desampare financieramente a los centros que, además, tienen que asumir el aumento en los costos de servicios esenciales, como la electricidad.

Los impagos gubernamentales pudieran propiciar la interrupción de servicios, lo cual sería muy crítico, sobre todo en periodos de altas temperaturas como los presentes. La prioridad del gobierno y de las entidades de cuido debe ser procurar las mejores condiciones de vida para este sector poblacional altamente vulnerable.

Los adultos mayores que dependen del amparo de instalaciones sufragadas por el Estado están entre los grupos que sufren las mayores precariedades en nuestra sociedad. Dependen de la asistencia pública porque sus familias carecen de recursos económicos, no tienen familiares o han sido abandonados. En todo caso, se trata de seres humanos con derechos, y necesitados de protección y solidaridad.

El Departamento de la Familia ha confirmado el retraso de $3.9 millones en sus desembolsos a centros de cuidado prolongado. Todavía sin titular en propiedad, la agencia prevé desembolsar cerca de $3.4 millones este mes y liquidar el restante en junio. Ha trascendido que la entidad les adeuda entre $15,000 hasta $30,000 a algunas de estas instituciones que diariamente tienen que asegurar que sus compras de alimentos y otros artículos de primera necesidad para los ancianos estén al día.

Sin embargo, la agencia no proveyó datos sobre su deuda actual ni las correspondientes a años anteriores. Cabe destacar que se trata de información pública que debe estar disponible para la ciudadanía, en particular, los administradores de los centros y las familias de los adultos mayores que requieren los cuidados.

Las demoras en los pagos y la falta de transparencia desalientan el establecimiento de más instituciones de cuido prolongado, las cuales son altamente necesarias ante el crecimiento de la demografía de edad avanzada. Los desembolsos tardíos incluso han causado que algunos establecimientos ponderen cerrar sus operaciones o que no admitan a adultos mayores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia.

La creación de centros nuevos y la continuidad de las operaciones de los ya establecidos tienen que estar entre las prioridades más apremiantes de la agenda de servicios al sector de edad avanzada en nuestro país. No se trata solo de una responsabilidad social. La necesidad creciente de servicios y atención a los adultos mayores debe incluirse en la plataforma de desarrollo económico.

Buena parte de la población laboral, particularmente las mujeres, asume la responsabilidad económica, física y emocional de proveer la mejor atención a sus padres y abuelos, junto con su empleo fuera del hogar. Si queremos edificar un país con trabajadores entusiastas y productivos, el gobierno tiene que asumir el rol de facilitar las estructuras de los servicios a las personas ancianas, sin desatender el cuido y la protección de los menores.

El Departamento de la Familia tiene alrededor de 330 trabajadores sociales para atender a los 5,125 adultos mayores subvencionados por la agencia. Esa cifra es más del doble que la de los menores que están bajo la custodia del Estado. La entidad pública ha reconocido que necesita al menos 50 más de estos profesionales para proveer bienestar a los viejos que tiene a su cargo.

Cuadros decepcionantes como este deben mover al ejecutivo y al legislativo a rescatar las sumas millonarias empleadas en derroches y en la redundancia de servicios en múltiples ámbitos gubernamentales. El realineamiento de las prioridades debe fomentar que Puerto Rico retenga y atraiga a los profesionales indispensables para la protección y el cuido de los adultos mayores con más necesidades.