💬

Es preciso asegurar la pulcritud electoral

La Comisión Estatal de Elecciones y los partidos políticos inscritos en Puerto Rico son responsables de resolver los riesgos que la decisión de iniciar el conteo de votos adelantados antes de los comicios generales pudiera implicar para la protección del derecho fundamental al voto.

Es preciso garantizar la pureza y confiabilidad del proceso electoral, ante la presión derivada del alto volumen de votos adelantados que, en parte, es producto de la nueva Ley Electoral, aprobada en junio pasado.

Más de 220,000 personas han solicitado votar antes del martes, 3 de noviembre, fecha del evento general, una cantidad nunca vista en la historia electoral puertorriqueña. En el contexto de la pandemia, más de 53,000 ejercerán su derecho al sufragio el sábado antes del evento, más de 54,000 por correo y otros 100,000 a domicilio para ser recogidos por funcionarios de la CEE.

El presidente del organismo, Francisco Rosado Colomer, ha advertido sobre preocupantes escollos ante el alto volumen de solicitudes de voto adelantado, que pudieran impedir por días o semanas conocer con certeza los resultados. Como remedio, el pleno del organismo determinó contar las papeletas a partir del 25 de octubre. No obstante, esto abre la posibilidad de que se filtren los primeros resultados, con el efecto de influenciar al resto de los votantes.

Hay alternativas, como sería alquilar más máquinas de escrutinio rápido, según propone un exvicepresidente del organismo. Sobre la CEE, ayudada por todos los partidos políticos, recae la misión de ponderarlo y producir soluciones efectivas y seguras.

Nuestro sistema electoral no puede someterse nuevamente al disloque de una votación como el ocurrido en el proceso primarista de agosto pasado. Por un lado, debe cerrarse el paso a cualquier posibilidad de fraude mediante el voto adelantado. Por el otro, debe asegurarse de que el proceso esté libre de incertidumbres que generen desconfianza o inseguridad, tanto como de influencias que alteren el curso de la votación.

Los desafíos que enfrenta la CEE no se dan en el vacío. Son resultado directo del empeño del liderato legislativo, con el aval del ejecutivo, de valerse de la pandemia para convertir en ley un proyecto que debilitó el sistema sufragista. Lo hicieron advertidos de que la integridad y confianza en nuestro sistema electoral estaba en riesgo.

Entre otros cambios significativos, la ley flexibilizó los requisitos para el voto adelantado, antes reservado para militares, estudiantes o trabajadores en el exterior. La movida ha sido atribuida a la intención de atraer el voto de quienes viven fuera, pero permanecen activos en el registro electoral. La legislación no consideró costos ni cuánto personal requerirían los cambios.

Camino al 3 de noviembre, las colectividades deben anteponer la constitucionalidad del sufragio a la conveniencia partidista. Cada una necesitará reclutar alrededor de 20,000 ciudadanos comprometidos con la misión de ser guardianes de cada voto.

Asimismo, los proveedores de la Comisión Estatal de Elecciones tienen el deber de entregar con presteza los materiales necesarios para la votación, y para mantener a electores y funcionarios de colegios protegidos de la pandemia.

Cada componente del sistema electoral de Puerto Rico tiene que poner su mayor empeño para procurar que cuando comience el proceso de votación, los materiales, recursos y competencias estén listos. El proceso debe asegurar el conteo certero de todos los votos y la protección de los resultados.

 

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: