Puerto Rico necesita que la Asamblea Legislativa centre su atención y sus energías en aportar a la solución de los profundos problemas de la sociedad puertorriqueña. Ampliar los espacios para el respeto, la seguridad y el bienestar de todas las personas, sin restarles derechos a sectores poblacionales indefensos, abona a esa misión.

Nuestro país ha alcanzado muchos más derechos civiles que muchas otras jurisdicciones. Asimismo, compartimos los grandes principios democráticos salvaguardados por los sectores de progreso social en Estados Unidos. Estos importantes avances son más que metas alcanzadas; requieren su defensa constante ante las amenazas de quienes insisten en imponerse injustamente y mediante la represión.

Es preciso que, tanto el Estado como la sociedad, frenen las intenciones, malsanas o desinformadas, de agudizar la desigualdad y la polarización que a través del mundo la han emprendido contra minorías por su origen, color de piel, género, orientación o identidad sexual, entre otros.

Esta semana se radicaron en el Senado local dos proyectos de ley que, como mínimo, menoscaban la paz de las personas trans, uno de los grupos más violentados por acciones ejecutivas y legislativas en estados como Texas y Florida. Esas medidas trastocan el reconocimiento a la dignidad y al derecho a definir la identidad propia que toda persona tiene dentro de su diversidad.

Un proyecto busca prohibir que las oficinas gubernamentales provean baños inclusivos, mixtos o neutros en sus instalaciones. La otra medida propone impedir que la cárcel para mujeres del Departamento de Corrección y Rehabilitación admita a mujeres trans. Esto expone a esa población a ser recluida en una cárcel para hombres.

Puerto Rico tiene problemas que urge atender, como son los feminicidios desgarradores que se suman al más de centenar de mujeres que han sobrevivido atentados contra su vida en los últimos diez meses. La niñez y los adultos mayores también requieren atención apremiante. Estos tres sectores poblacionales comparten los mayores índices de pobreza y maltrato en la isla, y muchas veces habitan bajo el mismo techo.

Que el Estado dedique tiempo a legislar quién debe usar un baño es una gestión pública anacrónica y desenfocada. En instituciones como la Universidad de Puerto Rico y muchas de países como Estados Unidos se ha adoptado la modalidad de baños sin distinción de género y otras medidas inclusivas, en justicia a la diversidad poblacional.

Los feminicidios y las agresiones a las personas trans son manifestaciones de la violencia de género. Cabe recordar que el trágico asesinato de Alexa Negrón Luciano ocurrió luego de que personas la denunciaron por haber utilizado un baño designado para mujeres. La mujer se sentía obligada a usar un espejo de mano retrovisor para saber si detrás de ella había alguna persona acechándola, ya que había sufrido abusos físicos y psicológicos a lo largo de su vida. No conforme con la denuncia a las autoridades, su imagen fue difundida por las redes sociales, lo que llevó a otros individuos a acosarla hasta que fue asesinada.

En cuanto a las cárceles, la legislación federal establece la política pública de no discriminación contra la población LGBTQ+. Sin embargo, en 2020, una mujer trans, de 31 años, fue enviada a la cárcel de hombres de Bayamón, donde luego se privó de la vida en una celda. Su cuerpo presentaba múltiples golpes.

A ninguna persona debe negársele su derecho a existir ni a expresar su identidad. Para que Puerto Rico sea un lugar de paz y bienestar, es preciso fomentar la inclusión, y el respeto a la dignidad y libertad de todos sus habitantes. La Asamblea Legislativa tiene la encomienda constitucional de hacerlo posible.

Para propiciar la protección y seguridad de las mujeres, se necesita educar con perspectiva de género reconociendo el valor de la diversidad, la dignidad y el respeto a todas las personas.