La serie de muertes por ahogamiento que han tenido lugar en playas ubicadas en las cercanías de los hoteles del área de Condado es motivo para reforzar las medidas preventivas lo antes posible, sin olvidar las soluciones a largo plazo con el consejo científico especializado.

Los ahogamientos y la creciente erosión de las costas en Puerto Rico van de la mano. La misma ferocidad de las corrientes que les arranca la vida a bañistas consume poco a poco la línea de la costa.

Aunque las del Condado han sido las tragedias humanas más connotadas, hay que señalar que no solo esas playas han sido escenario de accidentes fatales. Han ocurrido también, por ejemplo, en las de Loíza, donde la erosión es considerable. En Piñones, en septiembre, el mar arrastró a una pareja. Hace poco, a principios de noviembre, el cadáver de un hombre era rescatado de otra playa no apta para bañistas, por ser especialmente peligrosa, en la costa de ese mismo municipio.

La apariencia de las aguas en un día de sol, con el mar un poco picado, pero no lo suficiente para desalentar a personas que se consideran buenas nadadoras, lleva a muchas a ignorar las banderas rojas, los carteles que se colocan en la orilla, las hojas sueltas que se reparten y hasta las advertencias verbales para que no entren a nadar. Son abundantes los testimonios de los trabajadores de esas áreas que previenen inútilmente a muchas personas para que no arriesguen su vida.

Aparte del drama humano que el peligro costero significa para las víctimas y sus familiares, hemos visto cómo las labores de salvamento y recuperación de cuerpos se vuelven a veces arriesgadas para los rescatistas. Sin contar con que la repercusión de estos eventos, en páginas de internet especializadas, en las que la gente busca las mejores playas y las más seguras para la familia, pudieran desalentar el turismo.

Con ese panorama en consideración, debe diseñarse un plan de prevención integral ejecutable. Corresponde a las agencias gubernamentales concernidas, en particular a la Compañía de Turismo, sentarse a buscar soluciones con los hoteleros de las zonas afectadas y las comunidades que rodean estas playas. En la discusión debe insertarse la opinión científica de oceanógrafos, quienes conocen el comportamiento de las corrientes marítimas y manejan los datos más recientes sobre el aumento en el nivel del mar.

Se ha planteado la posible instalación de arrecifes artificiales y otras barreras que obstaculicen la formación de remolinos y corrientes. Esta y otras propuestas de soluciones merecen un completo análisis que cuente con la participación de la comunidad científica, a fin de calibrar las consecuencias económicas y ambientales.

Hace años, el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico produjo un documento muy completo sobre las causas y los lugares de mayor incidencia de asfixia por sumersión, término que se refiere a la muerte por ahogamiento.

El estudio, que reportó hasta 2010, incluyó la identificación de las zonas playeras más peligrosas de la isla. Actualizarlo sería muy pertinente porque permitiría tener un panorama mucho más abarcador sobre las características que hacen peligrosas a nuestras playas y costas. También abriría a una discusión mejor informada para la búsqueda de soluciones ecoamigables que beneficien a residentes, visitantes y comerciantes de las distintas áreas costeras de Puerto Rico.

La prevención, tanto de ahogamientos como de la erosión costera, requiere esfuerzos de concertación que son responsabilidad de la institucionalidad pública, la comunidad científica, el sector privado y los residentes de las zonas afectadas.