La inauguración de la primera sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico ofrece, a su cuerpo de legisladores recientemente electo, la gran oportunidad de rescatar a la institucionalidad legislativa de la ineficiencia, del favoritismo y de la corrupción.

Se trata de un compromiso ineludible de la Rama Legislativa con el pueblo que, con su voto, transmitió su férreo reclamo de nuevos estilos de gobernanza, pulcritud gerencial y responsabilidad en los procesos para la aprobación de las leyes.

Al empezar a sesionar la Asamblea Legislativa esta semana, todos los legisladores deberán tener presente que los ojos del país estarán puestos en su conducta, en la transparencia con que realicen sus funciones, y en la forma en que se esfuercen por restablecer la confianza perdida en esa rama del gobierno.

El inicio de los trabajos en el Capitolio coincide con una noticia que hiere la sensibilidad de la gente: la liquidación por enfermedad y vacaciones de empleados de confianza en la Superintendencia del Capitolio, entre los cuales se encuentran cónyuges, parientes y amigos de jefes legislativos. La compensación asciende a $333,000, divididos entre unos 30 empleados que salieron el último día del año, sin contar los que se fueron semanas antes.

A lo largo de estos meses han salido a relucir informaciones sobre posibles irregularidades en la Superintendencia del Capitolio. A ello se suman ahora las cifras presupuestarias dadas a conocer en el cambio de mando entre el superintendente saliente, José Jerón Muñiz Lasalle, y el superintendente entrante, César Hernández Alfonzo.

El pago de sumas desorbitadas por vacaciones y enfermedad, que abona a dejar al descubierto asuntos de importancia en las operaciones de la Superintendencia, es un ejemplo de la negligencia gerencial que no puede seguir teniendo cabida en la Asamblea Legislativa.

Esta rama gubernamental carece de un sistema riguroso de registro de las ausencias y del trabajo real de sus empleados. Ello es contrario a las políticas de administración de personal que aplican a la mayor parte de los trabajadores del país, en particular en el sector privado.

Las liquidaciones cuantiosas de ciertos trabajadores públicos, cuando concluye su término o contrato, provocan lógica indignación de la opinión pública.

Los que hoy reciben enormes “compensaciones” porque presuntamente no tuvieron vacaciones ni usaron los días por enfermedad, son una muestra del descontrol administrativo. Esta incompetencia gerencial ocurre, no solo en la Asamblea Legislativa, sino también en agencias públicas y alcaldías. Recientemente se informó que la exalcaldesa de San Juan iba recibir cerca de $55,000 por concepto de vacaciones y días por enfermedad no consumidos.

La pobreza gerencial es parte del legado del liderato saliente del Senado y de la Cámara de Representantes. Se suman los vergonzosos arrestos por delitos de corrupción – incluida la contratación de empleados fantasmas- de varios legisladores, uno de los cuales vino a presentar su renuncia ayer, el día de la sesión inaugural. No se queda atrás la soberbia de atreverse a legislar, a espaldas del pueblo, asuntos trascendentales para la vida social, económica y democrática, como ocurrió con las medidas del Código Civil y la Ley Electoral.

Es responsabilidad inmediata de la nueva legislatura ponerle coto a la desfachatada práctica de beneficiar con cargos a familiares, amigos y a políticos derrotados.

En la legislatura que ha tomado posesión, se impone el ejercicio de una nueva conciencia por la cual todos los empleados deberán estar pendientes de la menor irregularidad. Todo legislador, pionero o veterano, y los demás empleados de esta nueva legislatura, serán responsables de velar por la pureza de los trámites, por el cumplimiento de las jornadas completas, y por la erradicación de las lacras del pasado, como las contrataciones irregulares y los empleados fantasmas.

La podredumbre legislativa que ha dejado, entre otros males, a tantos legisladores acusados por fraude, y a la Superintendencia del Capitolio con grandes deudas y muchas interrogantes, tiene que ser combatida desde todos los frentes, en especial también por los organismos fiscalizadores del uso de los recursos públicos.

Que los líderes legislativos y todos los que ocupan un asiento en ambas cámaras sepan que el pueblo estará vigilante.