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Es vital reconstituir una sociedad de igualdad y justicia

La receptividad recién demostrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para atender con prontitud el problema evidente del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de distintos cuerpos policiacos estatales y municipales es un paso necesario para frenar repudiables atropellos a los ciudadanos, especialmente contra afroamericanos y miembros de comunidades latinas u otras minorías.

Los abusos propiciados por el racismo y otras prácticas violentas, como se aprecia en los vídeos de la intervención policiaca que culminó con la muerte de George Floyd, en Minneapolis, deben ser erradicados mediante reformas abarcadoras en las agencias de ley y orden de los Estados Unidos y sus territorios.

La presentación de legislación en el Congreso para reformar los sistemas policiacos con el fin de garantizar intervenciones libres de uso excesivo de fuerza e implantar modelos de seguridad pública con enfoques de apoyo salubrista representan gestiones loables que deben traducirse en reglamentos y leyes que se pongan en vigor de forma abarcadora en la nación norteamericana, cuya fundación justamente está inspirada en justicia para todos.

Mientras, en Puerto Rico, donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DJEU) y el gobierno, al reconocer casos de violaciones de derechos civiles por parte de agentes estatales, acordaron cambios sustanciales en la Policía, urge agilizar la reforma aprobada el 17 de julio de 2013. El acuerdo de 301 requerimientos se concibió para promover modificaciones culturales, operacionales, estructurales, investigativas y educativas sostenibles con el fin de mejorar las políticas y prácticas del Negociado de la Policía.

La reforma policiaca local surgió ante denuncias de presuntos patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles por parte de agentes estatales. Una investigación del DJEU completada en el 2011 detectó uso de fuerza excesivo, empleo de fuerza irrazonable y conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión, así como registros y allanamientos irrazonables, todos violatorios de la Constitución de los Estados Unidos. Implantar aquí los cambios acordados es un asunto que no puede quedar relegado.

En Estados Unidos, Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo, el desempeño al margen de la ley de integrantes de las fuerzas policiacas promueve desconfianza entre los ciudadanos a la vez que fomenta la inseguridad en las comunidades, sobre todo en vecindarios de familias pobres, ciudadanos negros o minorías étnicas. Las prácticas policiacas abusivas o movidas por el racismo u otros tipos de discrimen constituyen violaciones constitucionales que contravienen la encomienda policiaca fundamental de proteger vidas y propiedades.

Existen documentos elocuentes redactados por expertos abogados y defensores de los derechos civiles que establecen normas y guías categóricas sobre el desempeño profesional de la Policía. Las disposiciones establecen estrategias y técnicas sobre el uso de fuerza regulada contra sospechosos de infringir la ley. Además, incorporan tecnología, entre otras herramientas modernas para evitar deplorables actos de brutalidad policiaca que en Estados Unidos y otros países han culminado demasiadas veces en muertes y daños graves a cientos de ciudadanos.

En la coyuntura histórica del repudio masivo ante la indignación por las circunstancias de la muerte del afroamericano George Floyd, el gobierno de Estados Unidos está llamado a encaminar reformas con enmiendas de estatutos y reglamentos hermanados con un proceso educativo amplio para combatir enérgicamente prácticas racistas, violatorias de los derechos civiles.

Las lecciones del repudio multitudinario a la reprochable conducta documentada en la intervención en Minneapolis deben servir, además, para desalentar toda instancia discriminatoria que repercute en otras instituciones gubernamentales o privadas y se replica en ciertos sectores ciudadanos que promueven supremacía racial u otros prejuicios y conductas de desigualdad que ignoran disposiciones claras de la constitución de la nación.

Para avanzar en esa meta crucial, en los Estados Unidos también urgen medidas consistentes para cerrar la brecha de la desigualdad que impide la paridad de ingresos, oportunidades laborales y educativas para los negros y grupos minoritarios, carentes de servicios de salud de calidad, entre otros beneficios que abonan a condiciones de vida digna.

A tres centurias de la abolición de la esclavitud, el proyecto impone voluntad firme para reconstituir una sociedad de igualdad y justicia para todos, según dictada por los padres de una nación concebida como modelo de democracia para el mundo.