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Férrea protección contra el virus en la nueva apertura

La fuerza de la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico habrá de sostenerse sobre tres responsabilidades esenciales: la individual, la de los sectores que interactúan con público y la del gobierno.

La nueva orden ejecutiva que regula las actividades sociales y económicas durante la pandemia coloca buena parte de la responsabilidad en la gente y en la actividad privada, pero no debe eximir al Estado de liderar acertadamente la estrategia salubrista.

La orden, vigente desde hoy hasta el 2 de octubre, flexibiliza las restricciones previas buscando oportunidades de recuperación para una economía duramente golpeada por la emergencia. Es justo y necesario que todos los sectores de la sociedad vayan retomando la normalidad que sea posible, protegiéndose del riesgo sanitario, mientras no se encuentre la vacuna.

Con la nueva orden, habrá más oportunidades para salir, relacionarse y recrearse, todas acciones beneficiosas para la salud física y mental. La experiencia de la pandemia obliga a idear nuevas formas de participar en la actividad económica de forma segura y prudente.

A los patronos, comercios y otros establecimientos que reciben personas les compete velar por el cumplimiento estricto de las precauciones, por parte de trabajadores y visitantes. Un negocio exitoso depende de la salud y disciplina de los empleados, así como de la satisfacción de los clientes con las medidas de protección y supervisión.

El progreso de la reapertura dependerá de que, en efecto, se produzca la baja en los contagios que reclama el gobierno.

No obstante, expertos han señalado que los datos presentados por la gobernadora Wanda Vázquez en apoyo a la nueva orden carecían de la actualización necesaria para entender con precisión el comportamiento del COVID-19 en la isla. Gran parte de la imprecisión se debe al bajo número de pruebas administradas y reportadas durante el periodo que sirve de base a las nuevas directrices.

La ejecutoria gubernamental en la administración de pruebas y la divulgación de estadísticas, así como el manejo de los sistemas de rastreo del virus, no ha estado al nivel que la emergencia requiere, a pesar de que cuenta con millones de fondos federales para dichos proyectos.

Por otro lado, miembros del grupo médico que hasta esta semana asesoró al gobierno para responder a la pandemia han expuesto que el gobierno desoyó importantes recomendaciones salubristas. La decisión gubernamental de disolver la relación oficial con los grupos asesores, tanto en el renglón de salud como en materia económica, causa inquietudes sobre la solidez y agilidad de la estrategia pública para detener un virus que se mantiene fuerte en nuestro país.

Las medidas adoptadas deben ser equiparadas con acciones de salud pública. Sobre el Departamento de Salud recae el deber ministerial de liderar un esfuerzo integrado con la comunidad científica y el sector privado para comprar y administrar pruebas moleculares de forma estratégica y transparente. Hay que ampliar la campaña informativa, y robustecer los sistemas de seguimiento de visitantes y de residentes contagiados para identificar y contener la propagación exponencial.

Mientras, y con más rigor ante dicho escenario, cada persona tiene la responsabilidad indelegable de cuidarse y proteger a otros con las medidas de prevención recomendadas: mascarilla sobre boca y nariz en todo momento cuando se está fuera de la casa, distanciamiento de seis pies o más de otras personas y lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. La lamentable lista de muertes y enfermos confirma que nadie está exento de padecer del COVID-19, virus cuyas secuelas en la salud de las personas son aún inciertas y cuyo tratamiento de hospitalización es oneroso.

Cuando una de las partes incumple su responsabilidad, debilita la protección propia y la del resto de la sociedad. Ahora que se abren nuevas puertas a la actividad económica, redoblemos el compromiso de parar, unidos, a la inclemente cepa de coronavirus.