La inversión de $6,000 millones, por parte del gobierno de Estados Unidos, en iniciativas para preservar la salud de los océanos abonaría a la protección de la biodiversidad marina que es vital para la sostenibilidad planetaria. Esperamos que las aportaciones a programas de conservación incluyan al litoral de Puerto Rico y zonas adyacentes.

Esos dineros deben dar paso a respuestas adecuadas a los retos del cambio climático y a desalentar las conductas humanas que afectan de forma adversa a los océanos. En Puerto Rico, los graves problemas de erosión costera y contaminación de aguas afloran entre las circunstancias apremiantes que podrían atenderse con ese fondo, mediante la consideración de proyectos propuestos por biólogos marinos y otros peritos.

Una delegación estadounidense anunció el importante fondo de conservación oceánica durante la octava edición de la conferencia internacional Nuestros Océanos llevada a cabo en Panamá. La partida conlleva desarrollar 77 compromisos que emprendan proyectos para combatir la contaminación marina e iniciativas de economía azul sustentable, entre otros.

Las determinaciones de la conferencia en Panamá, al igual que las disposiciones del tratado unificado para proteger la biodiversidad en alta mar, recién aprobado en la Organización de las Naciones Unidas, deben ser ampliamente discutidas en Puerto Rico en la afinación de una política pública ecológica centrada en la defensa de los recursos naturales.

Los acuerdos internacionales sobre recursos vitales como los océanos constituyen un mensaje claro a los líderes gubernamentales, y de sectores empresariales e industriales, sobre la urgencia acoger e impulsar medidas firmes para prevenir, reducir y mitigar la contaminación de las aguas y otras prácticas nocivas para la flora, la fauna y los humanos.

Estos convenios también son marcos de referencia para el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico, que ha presentado planes de acción específicos para la protección de las playas, los ríos y los lagos, entre otros valiosos recursos naturales isleños.

Uno de los mayores desafíos puertorriqueños se vincula a la seria amenaza de la erosión costera, agravada desde 2017 con el paso del huracán María. El Comité documentó el daño asociado al fenómeno y presentó al gobierno 103 cursos de acción puntuales dirigidos a corregir, mitigar o prevenir ese efecto del cambio climático en las costas.

Debido a la erosión, la capacidad de amortiguación del oleaje se reduce y causa daños a los arrecifes de coral, los manglares y las hierbas marinas. Poner en vigor las recomendaciones expertas permitirá proteger el hábitat de miles de especies marinas, al igual que cientos de comunidades costeras donde está en riesgo la seguridad de estructuras residenciales y comerciales. Igualmente, fomentará la pesca local responsable.

La erosión costera se traduce en pérdidas de ancho estimado de 20 a 25 metros al año en el 60% de las playas en Puerto Rico. El aumento en el nivel del mar incrementa la intrusión de agua salada en los acuíferos del sur, lo que supone una reducción de los abastos de agua potable en una isla con seguridad hídrica de bajo perfil.

Este preocupante panorama en nuestro país hace imperioso aumentar la discusión sobre estos temas en las escuelas y foros comunitarios, a fin de concienciar y promover acciones conservacionistas en todos los sectores poblacionales.

El respaldo ciudadano, y el compromiso firme del sector empresarial, de organizaciones comunitarias y de agencias gubernamentales como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, son clave para la recuperación de los recursos marinos.

El éxito ecológico que nuestra zona produzca ha de servir de modelo para otras regiones, como respuesta a la advertencia científica de que el océano no es un recurso ilimitado: utilizarlo de forma sostenible supone una amplia y urgente cooperación global.