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Frente común contra el abuso de menores en la isla

El alza en delitos digitales, que incluyen acercamientos de índole sexual a menores, convoca a una supervisión efectiva en el seno del hogar y obliga a respuestas ágiles de las autoridades para prevenir en Puerto Rico estos crímenes atroces, asegurando que, de ninguna manera, queden impunes.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) informó recientemente un alza en las denuncias de estos delitos en la isla. La agencia federal había anticipado que en meses recientes ha realizado al menos tres intervenciones semanales contra sospechosos de acosar sexualmente a niños, al interactuar con los menores mediante teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos.

Ante este panorama de alto riesgo, es imperativo que padres, madres y tutores supervisen las actividades en línea de los menores y examinen periódicamente los aparatos electrónicos que utilizan, con el fin de detectar cualquier actividad sospechosa. La acción permitiría tomar iniciativas para proteger a niños y adolescentes, lo cual incluye alertar a las autoridades para interceptar con rapidez al delincuente que procure el abuso o la explotación de niños o adolescentes.

Días atrás trascendió que una madre posibilitó corroborar el acoso de un depredador sexual que citó al hijo de 12 años de la mujer a un área recreativa en Toa Baja. La gestión de la progenitora llevó a la movilización de las autoridades federales, quienes arrestaron y presentaron cargos criminales contra el individuo.

En Estados Unidos, en meses recientes también se ha documentado un alza en las denuncias sobre delitos sexuales contra menores, perpetrados por adultos que utilizan redes cibernéticas para sus malsanos propósitos. Agencias federales, incluida ICE, mantienen un andamiaje especializado para combatir estos crímenes.

Puerto Rico necesita poner en marcha una estrategia ejecutable para reforzar las ofensivas contra estos delitos. Lograr colaboraciones efectivas entre agencias es una herramienta muy útil contra estos crímenes. Por ejemplo, equipos especializados que colaboren con las autoridades de otras jurisdicciones caribeñas podrían combatir a organizaciones con nexos internacionales que se dedican al abuso y a la explotación de menores también en nuestra isla.

Forjar un amplio escudo contra la delincuencia sexual que abusa de la niñez requiere orientar a hogares, vecindarios y comunidades escolares. De esta forma, los niños y adolescentes estarán mejor equipados para identificar un acercamiento inapropiado o sospechoso a través de internet. Los padres también necesitan herramientas para conocer si su hijo o hija es una posible víctima de esas prácticas abominables.

También es imprescindible garantizar protección infalible a los menores que están bajo la custodia del Estado a través del Departamento de la Familia. Esta agencia tiene la importantísima responsabilidad de velar por que cada niño y niña estén resguardados de forma adecuada en los hogares en que son ubicados.

De la misma manera, es necesario mejorar la respuesta de las redes de trabajo social en los departamentos de la Familia y de Educación, así como en la Rama Judicial, a fin de agilizar las intervenciones que protejan a menores expuestos a negligencias, agresiones físicas o abusos de otra índole.

Por su parte, corresponde al Departamento de Justicia y al Negociado de la Policía reforzar las unidades de delitos sexuales para agilizar las respuestas ante querellas de prostitución de menores y pornografía infantil. Ambas agencias deben eliminar toda laguna informativa y retraso en las actualizaciones del Registro de Ofensores Sexuales.

El abuso de cualquier índole lacera de forma profunda la dignidad y la capacidad de desarrollo de la niñez. Se impone, desde todos los frentes, una cruzada abarcadora para proteger a esa población vulnerable. En ese esfuerzo será vital la participación de toda la sociedad, sobre todo de quienes sean electos para dirigir las riendas del país a partir de enero.

 

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