La ley que restringe el acceso a la información pública, firmada este fin de semana por la gobernadora Jenniffer González, representa un retroceso incomprensible en el derecho de los puertorriqueños a estar debidamente informados sobre las decisiones gubernamentales. Se trata de un estatuto que debilita un pilar esencial de la democracia: la fiscalización ciudadana sobre quienes han recibido la confianza del electorado.
Editorial
Representa la perspectiva del medio de noticias.
Golpe a la fiscalización ciudadana y freno a la transparencia gubernamental
Archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 meses.

