Mientras se atienden los grandes retos vinculados a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, es preciso encaminar estrategias efectivas para prevenir y tratar enfermedades que afectan la calidad de vida de muchos puertorriqueños, incluido el medio millón de personas diagnosticadas con diabetes.

La diabetes es una condición crónica que afecta la función endocrina del páncreas. La Asociación Puertorriqueña de Diabetes estima que, además de 500,000 pacientes a los se le ha prescrito algún tipo de tratamiento para controlar la enfermedad, en la isla existe igual cantidad de personas con la condición, que no han sido diagnosticadas. Otra porción creciente de nuestra población es prediabética porque su promedio de azúcar en la sangre refleja niveles de 5.7 a 6.4% en la prueba clínica A1 C.

Las autoridades han confirmado que la diabetes constituye la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Factores adversos, como la pobreza, pueden propiciar que los pacientes no mantengan consistencia en sus tratamientos o hasta los suspendan por no poder adquirir medicamentos. Además, una persona que padece diabetes puede exponerse a serias complicaciones de salud en caso de contagiarse con COVID-19.

Ante el hecho de que más del 24% de la población en Puerto Rico son adultos mayores, el Departamento de Salud debe examinar los servicios disponibles para las personas diabéticas. El acceso a los medicamentos prescritos, cuyo costo suele aumentar, y la educación sobre la alimentación adecuada y otras formas de reducir los riesgos de la enfermedad, pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Profesionales de la salud han advertido que las personas médico-indigentes no siempre reciben a tiempo los referidos para ser atendidas por especialistas endocrinólogos. Ese retraso puede exponerlas a daños renales u otras complicaciones de la condición. También es importante que el paciente diabético reciba la atención de un nutricionista que le diseñe una dieta balanceada. El seguimiento médico es crucial para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, retinopatía y otras complicaciones serias.

La isla requiere campañas de orientación e iniciativas educativas continuas para promover una alimentación sana y estilos de vida saludables en beneficio del paciente diabético.

En noviembre, el Mes de Concienciación de la Diabetes, se procura intensificar la difusión de información sobre la importancia de combatir el sedentarismo como paso relevante para bajar los niveles elevados de azúcar en la sangre, entre otras gestiones educativas. Sin embargo, la educación sobre prevención y tratamientos, unida a iniciativas para promover el adecuado acceso a especialistas médicos, debe ser constante todo el año.

La prevalencia de diabetes entre los adultos puertorriqueños en 2017 se situó en 15%. La mayor prevalencia ha radicado en los adultos de 65 años o más, particularmente entre las mujeres.

Los datos actualizados sobre la prevalencia, incidencia y mortalidad asociada a la diabetes son indispensables para desarrollar nuevos programas y mejorar las políticas públicas para la prevención y el tratamiento de la condición que, por lo general, no presenta síntomas visibles.

Las autoridades de la salud deben explorar estrategias que reduzcan la tendencia alcista de la diabetes y otras enfermedades prevenibles. Los planes deben incluir metas por periodos escalonados para el control de la glucosa mediante programas de salud física para las distintas poblaciones, en especial los adultos mayores; estimular la alimentación saludable; y programas que faciliten la obtención de los medicamentos recetados.

Ante el hecho de que cada año cerca del 17% de la población en Puerto Rico es diagnosticada con algún tipo de diabetes, siendo la del tipo 2 la más común, prevenir y tratar esta condición debe figurar en la agenda prioritaria de las autoridades salubristas.