La revelación de que al menos la mitad de los 2.2 millones de conductores adeuda al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) más de $650 millones en multas de tránsito vencidas por los pasados 15 años es claro reflejo de la incapacidad del aparato gubernamental puertorriqueño para asegurar el cumplimiento de las leyes, y de la inutilidad de sus sistemas de cobro y recaudo.