Hay que sanear ya la gestión pública del país
La salida de Tania Vázquez de la jefatura de Recursos Naturales y Ambientales, causada por la indignación pública que producen las contrataciones escandalosas en esa agencia que comparte con la legislatura circunstancias muy cuestionables, tiene que entenderse como lo que es: un paso muy tímido en los dormidos procesos locales de saneamiento de la gestión pública en Puerto Rico.
AVázquez le costó el puesto el haber autorizado actuaciones dudosas que vinculan al superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, con allegados de él beneficiados con contratos del gobierno.
Para nuestro pueblo, el precio sigue siendo extremadamente alto: el desenfreno administrativo en la entidad ambiental pone otra vez en evidencia la influencia de contratistas privados en esquemas de favoritismo y de resultados inciertos, o hasta nulos, que desangran los limitados recursos del país. Ese envilecimiento agudiza el empobrecimiento fiscal y mina la reputación de las instituciones públicas puertorriqueñas ante el pueblo, las autoridades responsables del flujo de fondos federales, y los inversionistas.
En este cuatrienio, la lista de atropellos contra el caudal público es vergonzosamente extensa. Las autoridades federales han emitido acusaciones o mantienen investigaciones sobre el Departamento de Educación y la Administración de Servicios de Salud en relación al contratista Alberto Velázquez Piñol; el andamiaje de empleados fantasmas en el Senado ya probado judicialmente; los posibles actos delictivos que obligaron a renunciar como representante a Guillermo Miranda; y las alegaciones de contrataciones irregulares en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Otras incidencias bajo sospecha incluyen contenidos del chat que llevó a Ricardo Rosselló Nevares a dejar la gobernación este verano. No muy lejos atrás se produjo el esquema de influencias protagonizado por el contratista del gobierno del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.
Todo ello grita la vulnerabilidad e indiferencia ante el patrón de inversionismo político en distintas administraciones de gobierno. Acompañante nefasto pudiera ser la falta de escrúpulos de líderes electos y de funcionarios de confianza de alta jerarquía.
Preocupa grandemente que hace meses, los líderes legislativos y el entonces gobernador conocían de pesquisas en torno a Vázquez y Muñiz Lasalle. Es inaceptable que no se hubiera tomado ninguna acción correctiva a nivel ejecutivo. Los líderes legislativos deben explicar por qué no iniciaron pesquisas. Se trata de un volumen de contratos otorgados a las mismas empresas o sus afiliadas, dirigidas por figuras con acceso directo a la cúpula legislativa.
Los funcionarios con conocimiento de posibles irregularidades no pusieron al tanto a las autoridades investigativas ni al país sobre lo que sucedía con las contrataciones. En esta ausencia de transparencia pierde la gente ante el retraso en las soluciones fiscales y en el desarrollo fomentador de empleos y mejores servicios.
Recalcamos: la salida de Vázquez no es suficiente. Está pendiente qué decisión tomará, si alguna, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en torno al superintendente del Capitolio, quien es investigado junto a Vázquez, según se ha reportado. Es obligación de las autoridades fiscalizadoras y de ley y orden, así como del liderato legislativo y del gobierno central en Puerto Rico, revertir su déficit en su deber de cumplir y fortalecer las leyes y reglamentaciones que rigen las contrataciones públicas. Las pesquisas tienen que completarse a cabalidad para que quien haya actuado o siga actuando en contra del interés público responda por sus actos.
Muchas de estas instancias muestran cómo el liderazgo de los jefes de agencia se coloca en entredicho cuando el protagonismo lo asumen contratistas o asesores externos, en contrariedad a las prácticas administrativas saludables. Carecer del peritaje adecuado para dirigir una entidad especializada puede crear circunstancias para la contaminación de las funciones entre el jefe de la agencia y los asesores. Vázquez, por ejemplo, carecía de conocido peritaje ambiental. Corresponde a los gobernantes ejercer el más estricto criterio al elegir a su equipo de confianza.
No es secreto la desconfianza generalizada del país en sus instituciones gubernamentales. Hay que actuar pronto para frenar las conductas que desmoralizan y empobrecen a Puerto Rico.
