Puerto Rico tiene que encaminar, de forma definitiva y sin mayores retrasos, la revitalización del sistema energético. El rezago en los desembolsos para encaminar proyectos medulares, centrados en modernizar y estabilizar la red eléctrica, es injustificado e insostenible. Es también inaceptable que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) haya emitido tan solo una solicitud de propuesta (RFP), así como una única petición de cualificaciones (RFQ) para desarrollar proyectos de energía, transcurrido más de un año de gestión de la nueva administración gubernamental.
Esperamos que la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal del Título III, creado en virtud de la Ley Promesa, emita una decisión que frene el insólito estancamiento de proyectos detenidos por impagos, a pesar de la disponibilidad de fondos para la renovación de una infraestructura crítica en el país. Puerto Rico estará atento a la vista “ómnibus” que debe celebrarse en marzo, cuando se discutiría el reclamo de LUMA Energy para que se autorice la transferencia de al menos $200 millones correspondientes a facturas por servicios prestados por empresas locales y estadounidense que no han recibido su paga.
Es imperativo que la jueza llame a capítulo a todos los jugadores involucrados -Junta de Supervisión Fiscal, AEE, AAPP, Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), LUMA, Genera PR, acreedores y consultores inmersos en el proceso- para que acabemos de una vez y por todas con el daño irreparable que le estamos haciendo al futuro de Puerto Rico. Recordemos que no fue LUMA ni Genera ni el operador de turno, quien quebró la AEE. Fuimos nosotros mismos, nadie más. Tomamos deuda para pagar pensiones irrisorias a empleados públicos que, si bien merecen un pago de pensiones, tiene que ser uno razonable. No se puede usar deuda para financiar un plan de retiro. Hay que usarla para hacer más eficiente nuestras operaciones, invertir y modernizar la red.
Esperamos que los $1,100 millones en fondos de FEMA, que la gobernadora citó esta semana como partida asegurada para la reconstrucción, contribuyan a impulsar definitivamente la renovación energética.
El Negociado de Energía ha señalado categóricamente que la AEE debe pagar a LUMA los fondos para subvencionar los referidos proyectos. La Junta de Supervisión Fiscal, por su parte, ha expresado que la paralización de los trabajos de reconstrucción de la red ha sido injustificada. La AEE está emplazada a redirigir unos $637 millones en fondos federales para retomar casi 300 proyectos. Es imperioso que a corto plazo la corporación presente el cuadre de cuentas correspondiente y proceda a emitir los fondos para subvencionarlos.
Parte de los proyectos paralizados ya habían recibido unos $400 millones antes de ser excluidos del plan consolidado. La decisión genera altos cuestionamientos sobre la gestión gubernamental vinculada al tema energético, encabezada por Josué Colón. ¿Desorden, desidia o negligencia? Tal vez, una combinación de todas. Pero el país no puede permanecer sumido en un panorama repleto de fallas, muchas autoinfligidas.
Sabiendo que el presupuesto de la AEE está sujeto a las disposiciones del Código de Quiebras y la Ley Promesa, el retraso en las tareas de reconstrucción del sistema eléctrico, por causa de atrasos en pagos o retención de fondos, no solo perjudica la actividad económica y la calidad de vida, sino que se convierte en un escollo en el proceso de modificación la deuda pública de la AEE.
Colón, zar de energía, es una figura que ha estado presente en todo el proceso de privatización, reestructuración de la deuda de $9,000 millones de la AEE y en la planificación de la modernización energética. En dos términos distintos, fue directivo de la malograda corporación pública, donde un patrón de mala administración y otras prácticas desacertadas propiciaron el deterioro extremo de la red eléctrica, cuyo colapso se exacerbó tras el paso del huracán María. En tal sentido, en justa perspectiva, las deficiencias de la infraestructura hoy a cargo de los operadores, LUMA y Genera PR no son responsabilidad de estos operadores.
Sin embargo, las posturas cambiantes de Colón siguen minando la seriedad de los esfuerzos para adelantar el mejoramiento del sistema energético del país. Por ello, urge que a corto plazo la AEE presente documentos precisos y desembolse los pagos para los proyectos estancados.
En la renovación de la red energética, pilar de la recuperación del país, el dinero está asignado. Las necesidades están definidas. Los proyectos están claramente diseñados y por decisión de política pública se determinó dejar en operadores privados el funcionamiento y la reconstrucción del sistema. La ejecución no puede persistir estancada o con avances a tropezones. Es impostergable proceder con eficiencia, invertir y modernizar la red. La gobernadora Jenniffer González ha sido enfática al afirmar que la reconstrucción del sistema eléctrico es prioridad principal. Los que están bajo sus órdenes, deben rendirle cuentas claras y honestas. Tienen que trabajar para cumplir lo prometido al pueblo. Confiamos que así será.
