En un país como el nuestro, con más de dos millones de vehículos registrados para transitar en nuestras carreteras y sin medios de transporte público confiables, lo cual obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos a depender de carros privados, garantizar la seguridad vial es, y debe seguir siendo, una de las prioridades más altas de cualquier gobierno.
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La cantidad de vehículos, más el manejo irresponsable, muy a menudo convierten a nuestras carreteras en trampas de muerte. El año pasado, 288 personas murieron en accidentes de tránsito. En 2023, fueron 307. Hasta esta semana, las muertes del 2025 van por 101.
La seguridad vial es, según puede verse, un asunto de la más alta importancia. Es en ese contexto, entonces, que tiene que entenderse la designación de un comité, por parte de la gobernadora Jenniffer González, para “analizar y regular” la presencia de vehículos todoterreno en las carreteras de Puerto Rico.
El comité parte de una promesa de campaña de la gobernadora, quien, en mayo de 2024, durante una actividad política en Bayamón, afirmó: “Voy a ponerle tablilla a los ‘banshee’, a las motoras, a los Can-Am, a todo lo que tenga motor para que puedan transitar por toda la carretera”.
Promesa aparte, creemos que se le haría muy mal servicio a Puerto Rico legalizando el uso en las carreteras de vehículos que, según sus propios fabricantes, no están diseñados para eso, ni ofrecen las garantías de seguridad de los vehículos regulares. El país, además, sabe, porque lo ve, el uso irresponsable, temerario, peligroso, incluso abusivo, que con demasiada frecuencia se le da a esos vehículos en nuestras carreteras.
De las expresiones de algunos miembros del comité, se desprende que la intención del esfuerzo es buscar algún tipo de acomodo o flexibilización para el uso de vehículos todoterreno en las carreteras. Consideramos que eso sería un grave error. Nos parece que el único curso de acción aceptable para el comité debe ser emitir un mensaje claro, contundente y firme de que no se aceptarán más desórdenes ni anarquía en nuestras calles, como ocurrió el 23 de mayo, cuando cerca de 200 motoristas rodearon y agredieron a dos policías en Barrio Obrero.
Esos incidentes no son inusuales. En las redes sociales abundan videos sobre casos de motoristas poniendo en riesgo su propia seguridad y las de los demás ciudadanos, ocasionalmente haciendo sus temerarias piruetas delante de agentes de la Policía abrumados y sin recursos para intervenir.
Las muertes tampoco son consecuencias inusuales de estas prácticas. A pesar de que las motoras son menos del 10 % del total de vehículos registrados en Puerto Rico, el 23.8 % de los muertos en las carreteras son motoristas, según estadísticas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Los accidentes con vehículos todoterreno tienen una mortalidad de 20 % y en más de la mitad de los casos desembocan en lesiones cerebrales traumáticas, según la Administración del Hospital de Trauma del Centro Médico, donde terminan casi todas las víctimas de estos accidentes.
La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) ha dicho que la mayoría de los accidentados en motoras no tienen licencia, por lo cual no puede cubrir los millonarios costos de sus hospitalizaciones, que se costean entonces con cargo al erario.
Se ve, pues, que hay asuntos que atender en el tema de los todoterreno y las motoras en las carreteras, pero no en la línea de flexibilizar y permitir. Por el contrario, la experiencia demuestra que lo que se necesita es mayor firmeza en el manejo de la irresponsabilidad, la temeridad, el desorden y el caos en las carreteras. No se espera menos de un gobierno de ley y orden, ni, por supuesto, del comité que tiene este grave asunto bajo su consideración.
