El impuesto al inventario ha sido objeto esta semana de un debate que, al fin, parece poner las cosas en su lugar: se trata de un tributo regresivo que castiga el abasto, encarece la vida de los consumidores y daña al comercio. La gobernadora Jenniffer González tiene la oportunidad de ponerle freno a un esquema fiscal anacrónico y de proveer a los municipios fuentes de recursos modernas, equitativas y responsables.
El objetivo de los tributos es sumar recursos y, en ningún caso, como ocurre con el impuesto al inventario, generar escasez. Nació en 1991, como parte de la Contribución Municipal sobre la Propiedad, pensada para dar estabilidad financiera a los municipios. Tres décadas después, se ha convertido en un obstáculo que encarece los alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad, mientras obliga a los comerciantes a mantener menos inventario.
Recientemente, la gobernadora convirtió en ley una medida que exime las medicinas del impuesto al inventario. Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente, pues existe un agravante que ignora nuestra realidad. Somos una isla que importa más del 85% de lo que consume. Por tanto, penalizar el almacenamiento equivale a castigar la seguridad, pues ante una emergencia se corre el riesgo de quedar desabastecido.
El Proyecto de la Cámara 420, aprobado por la legislatura y a la espera de la firma de la gobernadora, propone congelar la partida del impuesto que aplica a las mercancías para la venta entre 2025 y 2027 y trazar la ruta para eliminarlo en 2028, siempre que se cree una fuente alterna de recaudo. El proyecto aprobado no elimina la contribución sobre la propiedad mueble en su totalidad; el impuesto seguirá vigente sobre otras partidas como equipos, maquinaria y materias primas. No se trata de aliviar al comercio, como sugieren algunos alcaldes, sino de una reforma razonable que pretende dar oxígeno al consumidor y a las pymes sin abandonar a los municipios.
Los alcaldes temen —con razón— perder recursos indispensables. De los $314 millones que este impuesto genera anualmente, $169 millones se destinan al pago de deuda reestructurada del gobierno central, $129 millones respaldan préstamos municipales mediante la Contribución Adicional Especial (CAE), y $145 millones financian directamente los servicios municipales más visibles: recogido y disposición de basura, mantenimiento de carreteras y alumbrado, policía municipal y programas de salud, entre otros, que también requieren, por cierto, urgentes modernizaciones y eficiencias.
Esta contingencia obliga a repensar la idea —impopular, pero necesaria— de la consolidación regional de servicios. Por ejemplo, los municipios de la montaña como Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya, que en conjunto apenas superan los 89,000 habitantes, podrían integrar un consorcio intermunicipal de aseo y manejo de desperdicios. Una contratación única y rutas coordinadas abrirían la puerta a negociar tarifas más competitivas con operadores privados. Esta fórmula —que ya funciona en varias jurisdicciones de Estados Unidos— generaría ahorros sustanciales y continuidad operacional en municipios de topografía difícil y baja densidad poblacional. Como sugiere el presidente cameral, Carlos Méndez, los municipios deben además reducir gastos no esenciales, incluidos los eventos de producciones costosas, como festivales.
Agrupados en la Asociación y la Federación de Alcaldes, los ediles han mostrado disposición a buscar alternativas. Proponen nueve medidas que, en conjunto, podrían allegar $11 millones adicionales y mejorar la gestión municipal. Entre otras, congelar en $126 millones la aportación al Fondo de Redención desde el gobierno central y permitir al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) cobrar y distribuir la patente de telecomunicaciones prestadas fuera de la isla.
La gobernadora enfrenta una decisión económica crucial. Dar luz verde al Proyecto de la Cámara 420 sería cumplir un compromiso programático de su administración y, sobre todo, una decisión que se espera redunde en favor del consumidor y la competitividad. Puerto Rico no puede seguir financiando su estructura local a costa del precio del pan o de los productos de salud. La prudencia no consiste en postergar, sino en avanzar con propósito. Es hora de poner freno a un impuesto regresivo que encarece la vida y debilita la economía.
