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Incluir el aspecto salubrista en la respuesta a ciclones

La temporada de huracanes que comienza hoy lunes obliga a completar la revisión de los planes de seguridad adoptados por el gobierno de Puerto Rico, la empresa privada, las organizaciones comunitarias y en cada núcleo familiar. El objetivo es ajustar el diseño de la respuesta ante ciclones a los riesgos relacionados con la pandemia del COVID-19.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha publicado una guía de preparativos en caso de huracanes que alude a circunstancias prevalecientes ante la propagación de la nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, se trata de un documento general que el gobierno y cada municipio debe ajustar y desarrollar, a la luz de sus necesidades particulares.

Por ello, el gobierno estatal y los ayuntamientos, en coordinación con las autoridades federales, están llamados a desarrollar respuestas de emergencia atinadas, teniendo en cuenta circunstancias asociadas a la pandemia. En ese esfuerzo será clave integrar la participación de la empresa privada y del tercer sector.

La nueva temporada de huracanes, de acuerdo con la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se proyecta con potencial de actividad ciclónica sobre lo normal. La agencia ha pronosticado de 13 a 19 tormentas, de las que hasta diez podrían convertirse en huracanes, incluyendo de tres a seis en las categorías 3, 4 o 5.

Habilitar refugios implicará ahora nuevas consideraciones sobre qué estructuras son adecuadas, tomando en cuenta la necesidad de espacios con dimensiones mayores para garantizar aislamientos y distanciamiento social. En tal sentido, será preciso contemplar el uso de coliseos e incluso hoteles, como han sugerido las autoridades federales.

La logística del suministro de comidas y medicamentos a refugiados, así como las operaciones en instalaciones críticas como hospitales y centros de cuido de adultos mayores, también deben ser ajustadas en protocolos con disposiciones claras cuya discusión debe producirse antes de que surja la primera amenaza ciclónica para la isla.

Expertos en el manejo de emergencias, así como entidades sin fines de lucro que promueven una recuperación justa tras el impacto de los ciclones de 2017, han hecho también recomendaciones que incluyen la administración de pruebas de COVID-19 y el rastreo de temperatura a todo ingresado a un albergue.

Las sugerencias, que deben ser atendidas por el gobierno, proponen medidas rigurosas de protección contra contagio del personal movilizado en una emergencia, así como cautelas especiales al asistir a personas mayores o con condiciones de alto riesgo.

Las autoridades deben considerar medidas especiales para el suroeste, afectado seriamente por la actividad sísmica. Allí ciertos pueblos están impedidos de utilizar escuelas u otras estructuras como refugios. Probablemente será necesario llevar residentes a otros pueblos para protegerlos en caso de huracán.

En este periodo no debe quedar relegada la protección a familias que todavía no han logrado la reparación de casas afectadas por el ciclón María. En muchos de estos casos se trata de ancianos solos que habitan débiles viviendas cuyos techos son frágiles toldos.

Mientras, es imperativa una respuesta ciudadana responsable que implica ajustar los planes familiares de protección, para disponer de comida enlatada, agua embotellada, medicamentos y productos esenciales según las necesidades de quienes conviven en el espacio doméstico.

Igualmente, es necesario que los municipios, cuyos alcaldes conocen mejor los perfiles de las familias en zonas urbanas y rurales -con apoyo de la empresa privada, entidades comunitarias y ciudadanos voluntarios- provean suministros de emergencia para mitigar necesidades básicas de las poblaciones más pobres.

Esta temporada de huracanes reclama una respuesta gubernamental bien coordinada que limite la improvisación ante el nuevo escenario de riesgo pandémico. Es preciso evitar los errores que tuvieron saldo trágico con el duro golpe del huracán María en 2017. Se trata de un reto cuya ejecución tiene que estar amparada en la colaboración intergubernamental, junto a los sectores comunitarios, empresariales y del tercer sector.