Las imágenes surgidas de los operativos contra inmigrantes conducidos por las autoridades federales de Estados Unidos en la ciudad de Minneapolis, en el estado Minnesota, que desembocaron, en pocos días, en las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidense, laceran la sensibilidad humana y no parecen propias de la sociedad a la que, desde acá, tanto hemos admirado.
Aplaudimos, primero, la intención, expresada en días recientes por el presidente Donald Trump, de intentar apaciguar las tensiones en Minneapolis, con la designación de un nuevo funcionario para dirigir las operaciones de las agencias migratorias en la ciudad. Lamentamos, igual, que no se haya entendido la necesidad de bajar la retórica de confrontación hasta después de que murieran dos personas, que miles fueran agredidas e incontables extranjeros, con o sin documentos, hayan vivido semanas de auténtico terror.
Particularmente viles fueron las expresiones hechas por funcionarios del más alto nivel del gobierno estadounidense acerca de Alex Pretti, el enfermero de 37 años muerto a tiros tras un altercado con agentes federales en la mañana del sábado 24 de enero. Apenas ocurrido el incidente, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem y el asesor presidencial Stephen Miller se refirieron a Pretti, sin presentar ninguna evidencia, como un “asesino” y “terrorista doméstico”.
Esas expresiones tan irresponsables, de personas de tanta importancia en el gobierno estadounidense, enturbian inevitablemente cualquier investigación que se haga desde ese mismo gobierno sobre esta tragedia. Esto obliga que la muerte de Pretti, así como la de Reneé Good, una madre de tres, de 37 años, muerta a tiros, a manos de un agente federal, el 7 de enero, también en Minneapolis, sean encargadas a un organismo independiente, como podría ser una comisión bipartita del Congreso.
Exhortamos al gobierno estadounidense a aprovechar el momento para pausar, respirar y reflexionar acerca del sufrimiento que se está causando a gran parte de la población. Urge considerar la imagen que está dando ante el mundo, la manera burda y a menudo abusiva, en que ha elegido conducir su política migratoria. Cada país, por supuesto, tiene derecho a proteger sus fronteras y a expulsar a quien no cumpla con sus requisitos de residencia.
Sin embargo, hay maneras humanas y sensibles, y dentro de los debidos procesos, de conducir gestiones que, por involucrar a personas que, en la inmensa mayoría de los casos son gente trabajadora que simplemente quiere una mejor vida para los suyos, nunca son fáciles. Lo que se ha estado viendo durante el primer año de la segunda administración Trump son, en cambio, persecuciones, arrestos indiscriminados incluso a ciudadanos u otros residentes legales, violaciones de órdenes judiciales, registros y detenciones basadas solo en el color de la piel o el idioma hablado por los intervenidos y hasta deportaciones a terceros países sin proceso alguno.
El gobierno de Trump dice que con estos operativos está sacando de Estados Unidos a “lo peor de lo peor”. Los datos lo desmienten. Informes dados a conocer por el Instituto Cato, un tanque de ideas de gran prestigio en Estados Unidos, revelan que el 73% de los detenidos desde octubre del año pasado para deportación no tiene récord criminal alguno y solo el 5% había sido convicto de un crimen grave.
Toda la tensión provocada por esta manera del gobierno estadounidense de implementar su política migratoria, desembocó en las escenas de enfrentamientos, agresiones y hasta muertes en Minneapolis. Si no modifican las tácticas, no cambiarán los resultados.
Alex Pretti y Renee Good no tenían que morir. Ojalá, no obstante, que sus muertes representen el campanazo que obligue a las autoridades estadounidenses a frenar, mirarse al espejo, ver el feo rostro que ha adquirido a causa de su propio comportamiento en este asunto, y a alterar el peligroso rumbo que lleva.
