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Inversión en infraestructura abona a la recuperación

La ambiciosa agenda para el fortalecimiento de infraestructuras, que el presidente Joe Biden acaba de convertir en ley, brinda a Puerto Rico una importante inyección de recursos adicionales para la reconstrucción de carreteras, de puentes y del sistema de agua potable, entre otros renglones prioritarios para la inversión a futuro.

El estatuto federal asignaría $2,265 millones a la isla en partidas que incluyen $900 millones para la reconstrucción de carreteras y autopistas, $456 millones para iniciativas de transporte, $455 millones para infraestructura de agua, $225 millones para reparar y reemplazar puentes, $102 millones para aeropuertos, y $100 millones para infraestructura de banda ancha.

Estas asignaciones sustantivas representan opciones para crear los empleos tan necesarios para el empuje de la economía. Su uso adecuado puede complementar otros proyectos de revitalización, tales como los de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) y los del Plan de Rescate Americano (ARPA) para la mitigación pandémica, que son solventados con asignaciones federales previas.

El manejo correcto de los fondos para la infraestructura de Puerto Rico, que incluyen una partida de $12 millones para seguridad cibernética, debe contribuir a la estabilidad fiscal isleña. Con su uso precisado, estos nuevos recursos representan una inversión en distintos componentes de la economía que, como rebote fiscal, abona a las circunstancias que facilitan que la autoridad local atienda el compromiso con la deuda pública.

Una infraestructura segura y moderna es una variable fundamental para atraer la inversión que establezca nuevas industrias, comercios y servicios. Las condiciones de las vías de transportación y de otras estructuras son determinantes en el análisis que antecede a la creación u ampliación de operaciones de negocios. Óptimos sistemas de agua potable y energía, entre otros también instrumentales, fomentarían la ubicación de nuevos enclaves manufactureros que amplifiquen la fuerza laboral bien remunerada.

La nueva ley de Biden también atiende aspectos de conservación, tales como la protección de bosques y la limitación del consumo de combustible. El estatuto provee $2 millones para medidas preventivas contra incendios forestales y $13.6 millones para incentivar el uso de vehículos eléctricos en la isla. Esta última partida atiende un asunto ecológico relevante en Puerto Rico, donde hay cerca de dos millones de vehículos de motor y se consumen al año, en promedio, 1.2 mil millones de galones de gasolina. Esta realidad implica altísimas emisiones contaminantes en un espacio geográfico reducido.

El uso eficiente de las partidas asignadas para la revitalización de la infraestructura está vinculado a las transformaciones que la isla exige con urgencia. Cónsono con ese objetivo, es preciso asegurar otros recursos esenciales, como los vinculados a los servicios médicos para la población médico-indigente. En ese sentido, a corto plazo será trascendental que Puerto Rico y sus aliados en la esfera federal logren la garantía de las asignaciones para el programa Medicaid que subvenciona en gran parte el plan de salud del gobierno y que para nuestra gente implica un asunto de derechos humanos.

Con apego a políticas de sana administración pública, Puerto Rico puede alcanzar una eficiencia gubernamental que propicie el uso pleno de todos los recursos federales asignados, sin riesgo de reasignaciones de dineros no utilizados. No debe haber espacio para la pérdida de ayudas para mitigación pandémica u otras que no formen parte de asignaciones presupuestadas o recurrentes.

Corresponde, además, optar por fondos sujetos a competitividad que estarán disponibles como parte de la nueva ley de infraestructura. Por ejemplo, existen ayudas para que familias empobrecidas puedan subvencionar parte de los costos del servicio energético.

En este cuatrienio encabezado por una administración federal más receptiva a las necesidades de Puerto Rico, el manejo responsable de los fondos públicos debe sumar respaldo federal a la ruta trazada para la recuperación económica y social de Puerto Rico.

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