Nuestra región caribeña acaba de presenciar una alerta contundente. Melissa arrasó Jamaica —el huracán más intenso que haya azotado la isla desde que hay registros — y golpeó con fuerza a Cuba y Haití. Las imágenes recuerdan lo que María dejó en Puerto Rico: pueblos anegados, comunidades aisladas, aeropuertos cerrados, sistemas eléctricos colapsados. Y, lo peor, miles de damnificados expuestos a una cruda realidad enmarcada en precariedades.
Las autoridades informaron que se registraron vientos máximos de 185 millas por hora cuando el huracán toco tierra en Jamaica el pasado martes. El miércoles, el primer ministro declaró la isla “zona de desastre” y las agencias internacionales coordinan asistencia para el vecino país. Ojalá esta vez la reconstrucción no sea una prolongación de las penurias del presente.
La nueva normalidad climática se expresa en olas de calor extremo con alertas inéditas; patrones de lluvia que marcan récords en meses antes secos e inundaciones urbanas sin huracanes; y erosión que carcome la costa mientras el nivel del mar sube, comprometiendo acuíferos y bordes urbanos. Es una cadena que nos empobrece: encarece los seguros, la producción y el transporte, y congela las inversiones.
En Puerto Rico, este panorama obliga a prestar atención al Plan elaborado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC). El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, sometido el cuatrienio pasado a la Asamblea Legislativa, establece un marco integral con 156 cursos de acción y 808 estrategias. Lamentablemente, entonces no recibió la atención debida.
Ahora hay señales positivas: la Legislatura adelantó que aprobará una versión reducida del Plan, enfocada en “urgencias” como la erosión costera y la viabilidad aeroportuaria. Es un paso en la dirección correcta para destrabar un asunto paralizado, pero no sustituye la adopción del plan integral. La decisión de partir por algunas “urgencias” solo tiene sentido si se profundiza de inmediato: vistas públicas, cronograma verificable y financiamiento que amplíen el alcance del plan completo, priorizando por riesgo y beneficio social.
El CEACC encargó a Estudios Técnicos y Tetra Tech el informe “El costo de la inacción”. El resultado es elocuente: si la temperatura global sube en +2 °C, Puerto Rico perdería hasta $379,270 millones para 2050, con 9,493 muertes adicionales estimadas por efectos del calor y otros impactos sanitarios. No son cifras catastrofistas: es el costo de no hacer nada.
Ejecutar el plan demandaría del orden de $100,000 millones, una fracción de la inacción. Manufactura, servicios, comercio, turismo y agro ya registran pérdidas multimillonarias si seguimos posponiendo decisiones. Y aunque la construcción pudiera crecer por reconstrucción, el documento advierte sobre daños relevantes a su propia infraestructura. En turismo, por ejemplo, estarían en riesgo $7,839 millones de actividad y 1,903 empleos por año hacia 2050, si no actuamos.
Melissa es otra prueba de esfuerzo para la región. Lo ocurrido explica por qué cada temporada exige estándares más altos de ordenamiento territorial, códigos de construcción, protección de dunas y manglares y fortalecimiento de las redes eléctricas e hídricas. Bajo ese prisma, la discusión sobre la viabilidad a largo plazo del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín —incluida entre las prioridades actuales— es ilustrativa: para un país con alta dependencia del tráfico aéreo, mitigar hoy y planificar escenarios a futuro no es un signo de alarmismo, sino responsabilidad.
No hace falta mirar hacia afuera para encontrar un buen plan estratégico. La propuesta del CEACC —más allá de esta versión parcial— debe revitalizarse. Es urgente dictar normas sugeridas en el documento como dictar reglas claras en la costa (moratorias a nuevas construcciones en zonas de alto peligro y relocalización planificada donde corresponda), blindar la infraestructura crítica elevando y protegiendo plantas y subestaciones —como Costa Sur y Aguirre—, desplegar protocolos de calor para escuelas, hospitales, trabajo al aire libre y población vulnerable, y mejorar la gestión del agua con drenajes urbanos y manejo de sedimentos en embalses, además de proteger los acuíferos frente a anegamientos con agua salada.
Puerto Rico no necesita otra comisión ni otro diagnóstico. Necesita cumplir con lo que ya existe. Si algo nos han enseñado María y ahora Melissa, es que el tiempo corre y resulta inexcusable seguir cerrando los ojos.
