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Justicia ambiental y económica para comunidades del Caño

Un amplio abanico de oportunidades se abre para las comunidades del Caño Martín Peña con la firma del acuerdo que, por fin, debe dar paso al dragado que allane la ruta hacia el bienestar integral y el desarrollo económico de las 14,000 familias que residen en la zona.

La transformación del Caño impactará favorablemente al resto de las áreas capitalinas, y desde luego, a todo el país. La iniciativa, recién acordada pero luchada por décadas, permitirá que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos proceda con la rehabilitación de la zona. Este proyecto medular de varias vertientes nace de un esfuerzo ejemplar de organización comunitaria persistente, en coordinación estrecha con los gobiernos federal, estatal y municipal.

El dragado del Caño supone la primera etapa de una iniciativa de justicia ambiental, social y económica para cientos de familias que habitan en condiciones de precariedad. Es crucial que el proyecto de infraestructura vaya acompañado de iniciativas socioeconómicas que incluyan el desarrollo ecoturístico y recreacional, así como oportunidades gastronómicas, entre otras de índole comercial, que incentiven a pequeños y medianos negocios en esta céntrica zona de San Juan.

La participación de las comunidades del Caño tiene que estar en primera fila en las gestiones de empresarismo. De la mano debe ir también el desarrollo social, con programas de salud integral, y de educación cónsona con las necesidades y preferencias de la población de la zona.

Un impulso clave para el proyecto ha sido la asignación de $163 millones autorizada por el presidente Joe Biden. Durante dos décadas, el liderazgo comunitario llevó a cabo complejos trámites que incluyeron la creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña que permitió la titularidad colectiva de los terrenos que serán rehabilitados.

Para llevar a término el dragado y la rehabilitación de la zona aledaña al Caño se ha estimado necesaria una inversión de $264 millones, de los cuales $101 millones deben surgir de fondos estatales y de recaudos de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Parte de esa iniciativa está en proceso con la rehabilitación de residencias. Pero la transformación amplia proyectada en la comunidad requiere esfuerzos mayores.

En tal sentido, será crucial completar de forma rigurosa cada una de las etapas del proyecto y mantener la colaboración estrecha entre la comunidad del G-8 y las autoridades federal, estatal y municipal.

En el Caño ha cobrado vida un modelo de participación integral que procura la rehabilitación de los recursos hídricos afectados por décadas por descargas de aguas usadas sin tratar y de grandes cantidades de basura. Un objetivo vital es eliminar los focos de enfermedades.

El dragado deberá restituir el flujo natural del agua y su conexión con el Estuario de la Bahía de San Juan. La rehabilitación del valioso recurso natural se complementaría con el mejoramiento de la infraestructura pública, y con el reacondicionamiento de residencias damnificadas por inundaciones.

El Caño debe transformarse en un espacio atractivo y seguro, con vegetación y aguas saludables. En otros tiempos, el canal era navegable y daba vida a un vigoroso pulmón ecológico, el hábitat de la gran diversidad de fauna y flora nativas.

Una vez completado el dragado, la zona deberá contar con calles repavimentadas; con viviendas, escuelas, comercios y oficinas en buen estado; y con actividad productiva y recreativa para residentes y visitantes.

En ruta a esos objetivos, será indispensable trazar un plan de mantenimiento sistémico que cuente con el aprecio ciudadano a las bondades de los recursos naturales de esta zona capitalina.

Llevar a feliz término el trascendental proyecto de la revitalización del Caño Martín Peña, para beneficio principal de las comunidades del G-8, es apostar a un modelo de progreso sostenible que puede ser marco de referencia para otras transformaciones que también son esenciales para Puerto Rico.

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