El presidente Joe Biden se ha comprometido con mejorar sustancialmente la aportación del programa de Medicaid a Puerto Rico, cuya población médico-indigente ha aumentado a causa del estancamiento económico exacerbado por los golpes ciclónicos y la pandemia del COVID-19.

Es preciso que el Congreso de Estados Unidos, en coordinación con la Administración Biden, convierta en realidad esa promesa presidencial que encierra el reconocimiento de que la salud de gran parte del pueblo puertorriqueño es un derecho humano fundamental.

Sería, sin lugar a duda, un acto de justicia social el que a corto plazo se pueda materializar el aumento de $3,000 millones anuales en fondos del referido programa para la isla, como propuesto por el ejecutivo federal. Aprobar el ajuste de los fondos de Medicaid garantizaría servicios de salud a una porción sustancial de nuestra población que vive en condiciones de empobrecimiento.

Es necesario que los funcionarios gubernamentales puertorriqueños, los líderes del sector privado y comunitario en la isla, la diáspora boricua en Estados Unidos, así como otros aliados de Puerto Rico en Washington D.C., mantengan gestiones firmes para lograr el aumento de los fondos que financian en gran medida el plan de salud público del que dependen 1.4 millones de personas.

Debido a la insuficiencia de servicios de salud, incluidos los cubiertos por Medicaid, cientos de puertorriqueños han abandonado la isla para establecerse en Estados Unidos. Para buena parte de los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, los servicios de Medicaid actualmente excluyen beneficios vigentes en los estados norteamericanos, tales como ayudas de cuidado prolongado.

Durante cuatro décadas, desde la creación de Medicaid en 1965, la isla recibió una asignación federal con un tope de $20 millones. Recientes revisiones han sumado asignaciones de hasta $400 millones, pero aún sin garantía de atender con equidad a las poblaciones más vulnerables, como la niñez, personas con diversidad funcional y adultos mayores que requieren atenciones especializadas.

Brindar de forma clara información amplia y actualizada que demuestre la necesidad imperiosa de esa legislación, evitará que Puerto Rico quede nuevamente limitado en la prestación adecuada de servicios de salud. A esos fines, es preciso agilizar y reforzar las gestiones en el periodo legislativo de fin de año en el Congreso, cuando debe afinarse el proyecto presupuestario que atendería también la extensión del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para la isla.

Garantizar el aumento a la aportación de Medicaid para Puerto Rico desalentaría la emigración puertorriqueña hacia Estados Unidos por razones salubristas. Además, generaría condiciones para motivar el regreso al país de muchos puertorriqueños que se reubicaron en los estados por no tener acceso a amplios servicios de salud y otros programas sociales.

A la luz de un análisis legal de la Oficina de Contraloría General, la asignación de Medicaid en Puerto Rico se reduciría a $392.5 millones anuales. Una evaluación del Servicio de Investigaciones del Congreso ha señalado que, a base de una interpretación literal de la ley vigente, el tope de asignación a la isla sería de $400 millones anuales. La reducción de la aportación en ese vital programa, contrario al compromiso presidencial, sumiría en un precipicio fiscal el sistema de salud gubernamental de Puerto Rico.

Sin una garantía estatutaria, el porcentaje de aportación federal por servicio de Medicaid se reduciría aquí, del 76% vigente, a 55%. No obstante, si Puerto Rico recibiera trato igual en Medicaid, su beneficio ascendería al menos a 83%.

Esta importante subvención, relacionada directamente con el derecho fundamental a la salud y a la vida, ha estado sujeta por demasiado tiempo a vaivenes políticos y entramados burocráticos. Las precariedades y desigualdades que abruman a una parte sustancial de nuestro pueblo convocan a dar paso a la justicia social que no puede seguir evadiendo a Puerto Rico.