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Justicia ambiental para las comunidades afectadas

La sensibilidad que el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Regan, ha mostrado hacia comunidades puertorriqueñas que sufren estragos ambientales, muchas veces sin conocer las causas y la magnitud de los riesgos a los que están expuestas, debe mover a las autoridades, en colaboración con organizaciones comunitarias y ecologistas, a poner en vigor iniciativas concretas para la protección de los espacios que definen el nivel de calidad de vida.

Hizo bien el funcionario federal al visitar comunidades desventajadas que se exponen a riesgos diversos asociados a la polución. Recibimos ese gesto como su compromiso de promover la justicia ambiental que merecen y necesitan todos los puertorriqueños.

Conocer directamente las condiciones de lugares impactados e interactuar con sus residentes le permitió al jefe de la EPA entender mejor los retos ambientales de Puerto Rico. Su visita de tres días debe traducirse en respuestas atinadas para frenar y mitigar los daños.

Los diálogos revelaron la incomprensión de los riesgos por parte de residentes de zonas afectadas por agentes contaminantes. Este hecho obliga a intensificar los esfuerzos locales y federales para educar adecuadamente sobre actividades que impactan la salud, tales como los efectos nocivos del consumo de pesca proveniente de cuerpos de agua que reciben descargas sanitarias.

Será preciso atender la inquietud de Regan sobre el desconocimiento ciudadano en torno al impacto de la contaminación hídrica, para que la población aprenda a proteger su salud y sus recursos naturales, y a rehabilitar zonas afectadas.

Respuestas firmes de las autoridades serán determinantes. En los pasados días, la EPA ordenó paralizar el depósito de basura en el vertedero de Moca por exceder su capacidad. De 29 vertederos que operan en la isla, al menos ocho, incluido el ubicado en la jurisdicción mocana, tienen órdenes de cierre a corto plazo. Será necesario que el gobierno estatal, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, apruebe pronto un plan para el cierre ordenado del vertedero de Moca.

Al mismo tiempo, la modificación de conductas cotidianas de los ciudadanos, mediante campañas educativas, es indispensable para reducir progresivamente el depósito de residuos en los vertederos. La preparación de composta doméstica y el reciclaje de productos plásticos y metálicos están entre las prácticas de buen manejo de desperdicios.

En la ruta hacia la justicia ambiental, hay avances importantes producto de la organización comunitaria. Sobresalen en estos días el acuerdo para el dragado y la rehabilitación del Caño Martín Peña, así como el estatuto que prohibirá a corto plazo la venta y el uso de los productos plásticos de un solo uso.

Lograr esos objetivos y otros como el reducir la quema de carbón para la generación energética dependerá de respuestas diligentes del gobierno, en colaboración con el sector privado, entidades sin fines de lucro y los ciudadanos. Los desafíos reconocidos por el titular de la EPA requieren respuestas locales diligentes, al amparo de regulaciones y recursos federales.

Puerto Rico está convocado a reforzar los esfuerzos conducentes al cumplimiento de las leyes de protección ambiental y a impulsar iniciativas que protejan a las comunidades de los riesgos de contaminación.

En el esfuerzo también será clave avanzar hacia las metas de generación de energía con fuentes renovables diversificadas, más limpias y económicas, y hacia la reducción de desperdicios sólidos. Armonizar la conservación de los recursos y el desarrollo sostenible del país es alta prioridad.

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