Ha ocurrido otro vergonzoso capítulo de menosprecio y obstrucción al desarrollo del capital humano de Puerto Rico. Esta vez se trata de los actos de corrupción cometidos por Julia Keleher cuando estaba a la cabeza del Departamento de Educación, agencia con la misión constitucional de formar de manera integral al estudiantado puertorriqueño.

Lo lógico sería que todo titular de la entidad educativa hubiera aprendido del horror de los fraudes perpetrados en la década de 1990 por Víctor Fajardo, cuyas consecuencias aún se sufren en el sistema de enseñanza.

Sin embargo, Keleher, quien se presentó como luchadora contra las influencias que por décadas han minado el desempeño y sangrado las arcas de la institucionalidad educativa de la isla, ha aceptado responsabilidad por delitos motivados por el lucro personal a cambio de beneficiar con bienes públicos a particulares.

El acuerdo mediante el cual la exsecretaria reconoció su culpa, en dos de los cargos federales que se le imputaron, recomienda seis meses de cárcel, un año de reclusión domiciliaria y libertad supervisada. Pero los hechos admitidos por la exfuncionaria retratan un problema recurrente en la agencia educativa y otras instrumentalidades gubernamentales: el uso del poder y de los recursos del pueblo para beneficio propio y/o de contratistas. Se trata del desvío de los haberes educativos del propósito central de servir a los alumnos.

Los cargos contra Keleher, como en su momento los de Fajardo, dan cuenta de la imperiosa necesidad de sanear los procesos contractuales, una de las áreas de mayor corrosión en el sistema público. Implica una gestión que cierre, de una vez por todas, las puertas de conexión a favoritismos inaceptables.

El gobierno también está emplazado a garantizar una estructura transparente en todos los trámites que sean autorizados en los niveles directivos del Departamento de Educación.

Desde luego, lección mayor es la obligación de seleccionar con sabiduría a las personas llamadas a dirigir los destinos del capital educativo del país.

Aunque por cuantías distintas, Fajardo y Keleher defraudaron con igual desprecio a los alumnos de Puerto Rico, que hoy siguen privados de las mejores oportunidades para formarse como ciudadanos social y económicamente productivos.

Los bochornosos actos de personas que han tenido el privilegio de ser líderes del sistema educativo han afectado seriamente la credibilidad de la agencia. La corrupción ha sido un factor central en la limitación del acceso a fondos federales que al presente debe regular un monitor externo. El Departamento de Educación arrastra deficiencias administrativas que se traducen en un proyecto educativo fracturado y deficiente.

Dos décadas después del esquema corrupto que defraudó al estudiantado puertorriqueño y llevó a prisión a Fajardo y a varios allegados, es insostenible que permanezca ignorado el compromiso con la infraestructura educativa del país.

Mientras, la falta de un secretario de Educación en propiedad no abona al esfuerzo de responder con agilidad al disparo del rezago académico que se ha constatado en alrededor de 24,000 estudiantes con potencial de fracaso al cierre del año escolar. Muchos de ellos viven en zonas empobrecidas.

En la designación para la jefatura del Departamento de Educación tiene que primar el compromiso pleno con nuestros niños y adolescentes, y así, con el futuro de Puerto Rico.

La penosa experiencia de corrupción en el Departamento de Educación obliga al establecimiento de criterios rigurosos en la designación de la jefatura y de mecanismos de fiscalización estricta de sus ejecutorias.

Ese será un paso fundamental para reformar el sistema de enseñanza para convertirlo en un verdadero proyecto de presente y de futuro, libre de las redes que promueven la delincuencia y el desangre de los recursos asignados a la educación puertorriqueña. Ese es el camino que lleva al nuevo Puerto Rico.