💬

La ayuda de renta debe llegar a los hogares necesitados

Proveer asistencia para garantizar techo seguro a familias de escasos recursos, incluidas aquellas que han perdido el empleo o enfrentan otras circunstancias que les impiden pagar a tiempo la renta, debe ser parte de la agenda conducente a la estabilidad social de Puerto Rico.

Ante la necesidad apremiante de vivienda, preocupa y desconcierta que nuestra isla se exponga a perder el 75% de una partida de $325 millones, aprobada por el gobierno de Estados Unidos, como parte del Programa de Emergencia de Pago de Renta. El Departamento de la Vivienda estadounidense tiene previsto retirar los fondos del referido incentivo de los estados y territorios cuyos desembolsos no superan el 65% del dinero aprobado.

Ante esta determinación, efectiva al 30 de septiembre, los inquilinos de casas o apartamentos que no están al día en el pago de la renta o hasta pudieran estar expuestos a desahucio, deben solicitar la ayuda federal. Los requisitos para obtener esta asistencia son flexibles. Por ejemplo, se pueden beneficiar incluso personas no acogidas al Plan 8 de Vivienda federal.

Será fundamental que la Administración de Vivienda Pública (AVP) intensifique las gestiones para promover que se aprovechen estos fondos, de los que podrían beneficiarse en la isla hasta 55,000 personas. Como parte del proceso, es preciso que el gobierno fiscalice de manera vigorosa a las entidades subcontratadas como intermediarios para allegar los referidos incentivos.

Es igualmente pertinente que los ciudadanos en necesidad se orienten en línea o por otras vías sobre los criterios de elegibilidad y cómo solicitar los fondos, además de recopilar la información necesaria para optar por una ayuda que puede significar un alivio significativo en el sostenimiento de la familia.

El hogar debe ser espacio para la estabilidad. Para las parejas con hijos y las familias monoparentales, incluidas las jefas de familia que sostienen solas a sus menores, las dificultades para pagar la renta son fuente de múltiples incertidumbres.

Las organizaciones comunitarias, del tercer sector y las redes de voluntarios pueden orientar y asistir a los ciudadanos a solicitar los referidos fondos de emergencia. Los arrendadores también pueden asumir un rol activo y, mediante consulta con sus inquilinos, colaborar en su área de pertinencia.

Un aspecto esencial en el proceso para canalizar la asistencia es el seguimiento a la reclamación, sobre todo cuando no se ha recibido una respuesta. Ciertas peticiones pueden estar estancadas por carecer de toda la información necesaria para su validación. Avanzar en estos esfuerzos es posible mediante el respaldo gubernamental y del tercer sector.

En ese sentido, es una iniciativa acertada de la AVP la coordinación con la rama judicial para conocer si pueden frenarse procesos de desahucio contra personas que podrían cualificar para estos fondos, si se trata de demandas incoadas por impagos surgidos durante el periodo pandémico.

Puerto Rico solo ha desembolsado el 1.8% de los fondos aprobados del Programa de Emergencia de Pago de Renta, lo que equivale a $5.7 millones de los $325 millones aprobados. La isla, sin embargo, no es la única jurisdicción que registra una proporción menor de peticiones y desembolsos. En circunstancias similares figuran Florida y Nueva York, entre otros.

Ante ese panorama, no se descarta que el gobierno federal pueda reconsiderar el término de recobro de fondos aprobados. Pero, como no hay garantía de prórroga, urge acelerar los trámites para beneficiar al mayor número de familias que cualifiquen en Puerto Rico.

En el pasado, nuestro país ha perdido sumas federales importantes a causa de ineficiencias gubernamentales locales. Hoy, ante las dificultades económicas derivadas de la pandemia, urge aunar esfuerzos para distribuir al máximo las ayudas y el sosiego que implican.

💬Ver comentarios
Popular en la Comunidad

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: