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La conducta temeraria abona al contagio con el COVID-19

Por dos años, Puerto Rico ha conocido historias desgarradoras producto del impacto del COVID-19. Cerca del inicio de la pandemia, una familia de Camuy perdió al padre y a dos hermanas. Otros hogares han sufrido la muerte de sus hijas de 4, 5 y 6 años. Muchos más ni siquiera han podido acompañar a seres queridos que fallecían en soledad y aislamiento.

Hasta este viernes, el coronavirus había arrebatado la vida a 3,473 personas en Puerto Rico desde que se documentaron los primeros casos en marzo de 2020. Solo en lo que va de enero, han muerto 154 personas. La víctima más joven en ese periodo tenía 25 años.

Esta estela de muerte debe crear conciencia en toda la sociedad de que la salud, la propia o la ajena, debe primar sobre toda otra circunstancia.

¿Tenemos derecho a pretender ignorar las medidas de protección sanitaria, y así, exponer al contagio a otras personas? Definitivamente, no. No existe justificación humana, científica ni ideológica para incumplir con medidas esenciales y razonables que lo que buscan es salvar vidas. Y, de ninguna manera, puede tolerarse la insolencia de recurrir a la violencia para expresar desacuerdo con los protocolos para controlar la pandemia.

A muchas de las personas que resisten las medidas contra este virus les mueve la desinformación, propagada a veces con agendas ulteriores. Repudiamos la desinformación y las agresiones contra los periodistas como las ocurridas en días recientes. Obstruir la misión de informar los datos y hechos veraces atenta contra el derecho constitucional de acceso a la información que cobija a todos los ciudadanos. El Estado debe investigar y actuar conforme a derecho para reprender y evitar la recurrencia de acciones de ese tipo.

La situación de abarrotamiento y agotamiento en los hospitales que relatan pacientes y personal de esas instituciones por el agravamiento de la pandemia durante las pasadas semanas dramatiza las repercusiones de desoír las recomendaciones salubristas para frenar la propagación del COVID-19.

En tiempos de pandemia, como en toda crisis, la responsabilidad ciudadana es imprescindible para salvar vidas, proteger la economía y el sustento de las familias, y superar a la brevedad el estado de emergencia.

Las órdenes ejecutivas con las cuales el gobierno ha respondido en este periodo extraordinario de dos años de COVID-19 establecen las condiciones en que a todos nos corresponde proceder para frenar la propagación del virus que puede ser letal. La nueva orden emitida por el gobernador Pedro Pierluisi amplía restricciones y establece que las personas desde los 12 años deben recibir el refuerzo de las vacunas. Cumplamos con las disposiciones con sentido ético y solidario.

Decisiones de cortes federales y del Tribunal Supremo de Puerto Rico validan las prerrogativas del Estado sobre las libertades individuales a la hora de proteger la salud pública. Si bien la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de crear leyes responsivas a la pandemia, las órdenes estatales vigentes tienen peso propio en estas circunstancias. Incumplirlas de forma temeraria debe conllevar las sanciones aplicables.

Las últimas semanas han establecido récords de hospitalizaciones - el jueves y viernes se mantuvieron por encima de 900 - lo que pone una presión severa sobre el personal hospitalario extenuado. Esa carga de trabajo resulta injusta, pues contraer el COVID-19 puede evitarse.

La comunidad médica y científica ofrece un mapa claro para evitar contagios: vacunas, mascarillas, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y lavarse las manos con jabón de forma recurrente.

Puerto Rico fue ejemplo de responsabilidad cívica meses atrás al alcanzar una de las tasas de vacunación más altas de Estados Unidos. El repunte dramático que provocó la llegada de la variante ómicron demuestra que seguimos en emergencia, que no se puede bajar la guardia y que se necesita la cooperación y el cumplimiento de toda la población con las disposiciones del Estado para responder a la pandemia en la isla. Es preciso vacunarse con la dosis de refuerzo, realizarse pruebas de ser necesario, y rendir cuentas sobre viajes y riesgos de exposición a las autoridades sanitarias.

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