La corrupción ha vuelto a mancillar la gestión gubernamental en Puerto Rico, con la confirmación de un esquema de contratos fraudulentos en la Asamblea Legislativa, que ha tronchado el sano uso de los recursos públicos. Estos delitos han ocurrido en medio de la lenta recuperación del país, cuando más el gobierno debería evidenciar su pulcritud administrativa.
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La corrupción pública mina la reconstrucción
Nota de archivo
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