La deuda que mantiene a Puerto Rico en bancarrota es, en buena medida, resultado de la suma de gastos grandes y pequeños en contratos y compras cuestionables o innecesarios. Ese uso indiscriminado de fondos públicos es un mal sistémico que resta servicios a los ciudadanos y pertinencia a la institución pública.

En días recientes han surgido nuevos ejemplos de cómo el problema se reproduce. Por un lado, ha quedado expuesta la contratación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de una persona cuya tarea era enviar mensajes por una red social, por $24,000 anuales. También se conoce de la compra de un vehículo por más de $67,000 con fondos del gobierno municipal de Isabela. Las cifras parecerían “pequeñas” si se comparan con el presupuesto general. Pero ningún gasto es menor cuando el país falla en el ofrecimiento de servicios de calidad y en la atención a los retos de la reconstrucción.

La sana administración debe ejercerse a diario, en cada decisión de cada funcionario, cuya condición de servidor en cualquiera de las ramas de gobierno le impone el deber de proteger el interés público. No obstante, como en otros casos, los funcionarios contratantes intentan justificar acciones desconectadas de la realidad del país.

En el caso de la CEE, el presidente Juan Dávila Rivera adujo que el gasto para el manejo de su cuenta personal, aparte de la oficina interna de comunicaciones, le era necesario para comunicar asuntos sobre los que no hay consenso entre los comisionados. La contratación trascendió luego de que el manejador de la cuenta usó la plataforma de la CEE para compartir un mensaje de un jefe de agencia con la que también tiene contrato por $30,000. Mientras, la Comisión ha reclamado asistencia para reparar daños en las instalaciones y cumplir con los deberes electorales.

En Isabela, se supo que el alcalde Carlos Delgado Altieri adquirió un vehículo de alta categoría cuando el país apenas se recuperaba del desastre ocasionado por el huracán María. El funcionario, aspirante a la gobernación, arguyó que el municipio tiene un superávit y que el vehículo es de alto rendimiento.

Por su distanciamiento del interés público, estas transacciones no distan de las contrataciones para compras a sobreprecio de pruebas de COVID-19 con allegados políticos sin experiencia en ese renglón. Este asunto es investigado por las autoridades.

En contraste, por las pasadas semanas, hemos visto cómo miles de ciudadanos pierden el día en espera de recibir su compensación del seguro por desempleo. Muchos, cesantes por la emergencia de la pandemia, devengaban el salario mínimo federal -$7.25, algunos con más de un empleo para alcanzar el salario promedio en la isla, que ronda los $24,000.

En Puerto Rico, la mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 años era de $19,257 para 2017. La muestra reciente de contratos -que se repiten por los municipios y agencias del gobierno central- evidencia el disloque de prioridades entre quienes administran el dinero público y el pueblo que padece la falta de atención a sus necesidades.

El país está en la quiebra. Aún con las partidas millonarias federales asignadas para atender las tres emergencias de los últimos años, la mayoría de los puertorriqueños enfrenta condiciones de precariedad en sus hogares, en la falta de servicios o en el deterioro de la infraestructura pública. Solucionarlo empieza por asumir esas gestiones como prioridad y dar uso eficiente a los fondos.

A Puerto Rico le queda por delante enderezar sus finanzas para recuperar la confianza de la gente, del gobierno federal y de los mercados de inversión. Para ello, hay que generar en el servicio público la capacidad de invertir con prudencia y respeto a los bienes del pueblo. Para alcanzar salud fiscal se necesita superar la cultura del derroche.