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La designación para Contralor es una afrenta al pueblo

La gobernadora Wanda Vázquez tiene la obligación, con el pueblo y las instituciones de nuestro país, de retirar la errada e irrespetuosa designación de Osvaldo Soto García como Contralor de Puerto Rico, una posición de rango constitucional para el cual el nominado claramente carece de las credenciales.

De insistir la mandataria en actuar en contra del interés público en tan crucial asunto, la Asamblea Legislativa está emplazada a rechazar de plano el nombramiento de Soto García. Este un paso necesario para evitar la afrenta contra la ley y el principio del mérito que provocaría el debilitamiento de la institución de la Oficina del Contralor, creada para velar por la rectitud en las operaciones de las tres ramas de gobierno.

Nuestro país cuenta con un amplio cúmulo de profesionales expertos en el campo fiscal con las calificaciones para ejecutar la misión de la Oficina del Contralor, y que pueden sumar excelencia al servicio público.

El principio del mérito, que procura ubicar al personal según la especialidad y experiencia de cada cargo, podrá validarse mediante la consideración de candidatos con el bagaje y conocimientos apropiados para aportar al país desde la Contraloría.

La Oficina del Contralor, brazo fiscalizador de las operaciones fiscales en el gobierno, exige un liderato con conocimiento vasto en los procesos y las metodologías de auditorías imparciales y rigurosas.

Por décadas, el importante puesto de 10 años de duración ha sido desempeñado por contadores públicos y expertos en finanzas con amplia trayectoria profesional en estos campos. Esa consideración fundamental ha sido ignorada al nominar a Soto García, justo cuando la insolvencia fiscal obliga como nunca al manejo preciso de los limitados recursos en entidades estales, municipales y legislativas.

La lupa de la Contraloría para examinar regularmente las operaciones fiscales ha probado ser efectiva contra la malversación de fondos y para mantener controles gerenciales que garanticen mejores servicios ciudadanos. Las recomendaciones de la Oficina del Contralor buscan corregir operaciones perdidosas y/o corruptas. También contribuyen a entrenar recursos para lograr mejores operaciones o a prescindir del personal que incumple con leyes y reglamentos.

Por disposición constitucional, el Contralor tiene la función de examinar todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias, organismos y los municipios, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. Ello conlleva examinar y endosar auditorías que pudieran identificar irregularidades o violaciones de ley y que permitirían encausar a quienes defraudan al país al utilizar ilegalmente los bienes públicos.

La trayectoria profesional de Soto García no lo capacita para tan esencial responsabilidad. Su preparación y credenciales no coinciden con los requisitos que históricamente se han cumplido al ocupar ese cargo. Sin restar valor a la preparación académica y experiencia del designado, ciertamente su especialidad no ha estado vinculada en forma alguna a las tareas que se le pretende encomendar.

Desde el máximo cargo que ha tenido el privilegio de ostentar para dirigir las riendas de Puerto Rico, la gobernadora tiene la responsabilidad de reclutar, libre de consideraciones partidistas o personalistas, los recursos con la mejor preparación profesional en las disciplinas que cada puesto requiere.

La legislatura debe asumir su responsabilidad de asegurar el respeto a la institución de la Oficina del Contralor, rechazando un nombramiento que tiene el efecto de desmoralizar a los valiosos equipos especializados que, con méritos propios e incuestionables, se afanan trabajando para el país en tiempos de tan fuertes desafíos.

Será de sabios retirar y rechazar la designación de Soto García, para honrar al pueblo y valorar la misión de la Oficina del Contralor.